El brutal asesinato de Jasiel Giovanny, un niño de ocho años encontrado sin vida en Chihuahua el pasado 3 de julio, ha generado un profundo clamor público por justicia. En redes sociales, muchas personas han exigido que al presunto agresor —su padrastro, Abraham Alejandro F.D.— se le aplique la pena de muerte. Sin embargo, esa posibilidad no existe legalmente en México, incluso en los crímenes más atroces.
Por qué la pena de muerte está prohibida en México
La Constitución mexicana prohíbe de forma explícita la pena de muerte. Desde una reforma de 2005 al Artículo 22, se eliminaron todos los supuestos legales que permitían su aplicación. Además, México ha firmado tratados internacionales —como el Pacto de San José y el Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— que impiden su restablecimiento, incluso en tiempos de guerra.
Estas medidas reflejan una postura de Estado que considera a la pena capital como una violación al derecho humano a la vida y una práctica incompatible con un sistema de justicia moderno, al no garantizar que los errores judiciales sean corregibles.
¿Qué castigo sí podría recibir el acusado?
Actualmente, Abraham Alejandro F.D. fue vinculado a proceso por tres delitos: homicidio calificado, violación y violencia familiar. Todos estos se encuentran contemplados en el Código Penal del estado de Chihuahua con penas graves:
- Homicidio calificado puede alcanzar entre 30 a 60 años de prisión si se acredita premeditación, ventaja o saña.
- Violación agravada contra una víctima menor de edad puede ser castigada con hasta 40 o más años de prisión.
- La violencia familiar, si bien suele tener penas menores, puede agravar la sentencia al considerarse en concurso con otros delitos graves.
Si el juez encuentra culpable al acusado por todos los cargos, podría dictarse una sentencia acumulativa que rebase los 70 u 80 años de prisión, lo que en términos reales implicaría una condena de prisión vitalicia, dadas las reformas al sistema penal que limitan beneficios como la libertad anticipada para delitos graves.
La justicia dentro del marco legal
Aunque muchos exigen justicia con penas más severas, el sistema penal mexicano tiene como base el respeto a los derechos humanos, incluyendo la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las penas. En este contexto, la pena máxima que puede aplicarse es la privación permanente de la libertad, no la pena de muerte.
Las autoridades judiciales tendrán la responsabilidad de garantizar un juicio justo, y en caso de sentencia condenatoria, aplicar las penas más severas que la ley permita.
Un caso que reabre el debate
El crimen de Jasiel no solo ha conmocionado a la sociedad, sino que también ha reactivado un debate nacional sobre las penas para agresores de niñas y niños. Sin embargo, aunque la indignación es comprensible, el Estado mexicano se mantiene firme en su compromiso internacional de abolir la pena de muerte, enfocándose en la justicia dentro del marco legal vigente.
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