Repartidores enfrentan represión mientras otras protestas reciben tolerancia oficial
La respuesta desigual a manifestaciones en la Ciudad de México reaviva el debate sobre privilegios y uso de la fuerza pública.
Mientras algunos grupos sociales reciben amplia tolerancia para protestar durante días, otros enfrentan operativos policiacos apenas alzan la voz. Esta semana, repartidores de aplicaciones digitales que protestaban contra una ley que consideran perjudicial para su derecho al trabajo fueron enfrentados por elementos de la policía antimotines, lo que contrasta con la permisividad mostrada hacia otras agrupaciones.
Repartidores repelidos por la fuerza pública
El miércoles, decenas de repartidores bloquearon vialidades como Reforma, Circuito Interior y Periférico, exigiendo la cancelación de una reforma legal que, según ellos, limita su independencia laboral. En respuesta, fueron rodeados por elementos uniformados que los presionaron para desalojar sin que se les ofreciera espacio para diálogo. Optaron por retirarse sin confrontaciones, pero el despliegue fue interpretado como una señal clara de represión selectiva.
CNTE y normalistas: protestas con libre tránsito
En contraste, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acampó en el Zócalo de la Ciudad de México y calles aledañas por más de tres semanas, desde el 15 de mayo. Además, sus movilizaciones afectaron el aeropuerto internacional y culminaron en actos de vandalismo frente a la Secretaría de Gobernación el 4 de junio, sin consecuencias legales o uso de la fuerza para dispersarlos.
De forma similar, los normalistas de Ayotzinapa han protagonizado incidentes como el lanzamiento de petardos contra instalaciones militares y el Senado de la República, sin que se les aplicaran medidas represivas.
Otros sectores, blanco de la represión
Este trato diferenciado no es nuevo. En marzo de 2024, comerciantes ciegos que intentaron manifestarse en el Eje Central también fueron replegados violentamente por elementos de seguridad pública. El contraste resalta una narrativa en la que ciertos grupos parecen gozar de inmunidad para movilizarse, mientras otros son reprimidos sin negociación.
Críticas por trato desigual y uso selectivo de la fuerza
Analistas y organizaciones civiles han denunciado una aplicación desigual de los protocolos de protesta. Mientras unos tienen luz verde para cerrar calles, ocupar espacios públicos y hasta causar daños, otros son criminalizados por ejercer su derecho a la manifestación pacífica.
La creciente percepción de favoritismo y represión selectiva genera preocupación sobre el uso discrecional de la fuerza pública y pone en duda la imparcialidad de las autoridades en la gestión de conflictos sociales.
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