La marcha convocada por la generación Z el pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México dejó de ser un episodio de indignación social para convertirse en el centro de una confrontación política. Con el Congreso local como escenario, legisladores afines a Morena impulsaron una ofensiva que apunta directamente a dos alcaldías opositoras, generando tensiones que podrían escalar en decisiones administrativas de alto impacto.
Acusaciones directas contra alcaldes opositores
Desde el Congreso capitalino, legisladores de Morena han planteado que los alcaldes de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, Mauricio Tabe y Alessandra Rojo de la Vega, estarían vinculados con los actos violentos ocurridos en el Zócalo durante la manifestación. Según estas versiones, ambos habrían participado en la operación, financiamiento o movilización de grupos que generaron disturbios en la protesta juvenil.
Morena impulsa comisión para investigar la marcha
Con su mayoría parlamentaria, Morena promovió la creación de una comisión especial encargada de investigar el origen de los grupos que participaron en los disturbios, incluidos los presuntos “bloques negros”. Legisladores oficialistas pidieron incluso separar temporalmente del cargo a los dos alcaldes mientras se analizan las responsabilidades.
Respuesta y rechazo desde las alcaldías señaladas
Mauricio Tabe calificó las acusaciones como un intento de destituirlo por motivos políticos y afirmó que se trata de una estrategia para tomar el control de la alcaldía mediante presiones y calumnias. Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega negó cualquier vínculo con los grupos señalados y acusó a sus adversarios de intentar fabricar un caso sin evidencias. Ambos funcionarios insistieron en que, hasta el momento, ninguna prueba documental ha sido presentada públicamente.
Un procedimiento con posibles consecuencias administrativas
La comisión especial aprobada en el Congreso local tiene facultades para emitir conclusiones que deriven en responsabilidades políticas. Con la mayoría legislativa a su favor, Morena podría avanzar hacia una votación que abra la puerta a la destitución de los alcaldes, lo que intensifica la tensión entre las autoridades capitalinas.
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