Diversas voces en Tabasco exigen que la Fiscalía del Estado investigue al senador Adán Augusto López por posibles responsabilidades derivadas de su gestión como gobernador. Aseguran que, por omisión o complicidad, permitió la permanencia de Hernán Bermúdez Requena al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, pese a señalamientos previos y presuntas irregularidades.
Críticas por el nombramiento y permanencia de Hernán Bermúdez Requena
De acuerdo con especialistas en derecho administrativo, la Constitución local y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos obligan a los funcionarios a supervisar la actuación de quienes están bajo su mando. Sin embargo, apuntan que López Hernández habría incumplido ese deber al designar a Bermúdez Requena, aun cuando existían antecedentes que lo vinculaban con actividades irregulares.
A ello se suma que fue mantenido en el cargo incluso después de que el exgobernador dejó la administración estatal.
Vínculos con grupos criminales y silencio de la Fiscalía de Tabasco
Informes de inteligencia militar relacionaban desde hace tiempo a Bermúdez Requena con el grupo criminal conocido como La Barredora. Pese a ello, la Fiscalía de Tabasco no ha iniciado acciones visibles en su contra ni ha emitido información que confirme investigaciones internas sobre estos señalamientos.
Posibles delitos y acusaciones de protección política
Juristas consultados señalan que las primeras líneas de investigación podrían incluir asociación delictuosa, así como delitos financieros relacionados con operaciones de procedencia ilícita. Sin embargo, afirman que no existe voluntad para iniciar algún procedimiento contra el hoy senador y líder de Morena en la Cámara Alta.
De acuerdo con analistas, existe un entorno de protección institucional que limita la actuación de la Fiscalía y del Congreso estatal, alimentado por intereses políticos vinculados al propio López Hernández.
Temor a una confrontación política en Tabasco
Las críticas advierten que una red de lealtades políticas continúa blindando al exgobernador. Según estas posturas, existe una directriz no escrita que impide investigar cualquier señalamiento relacionado con su administración, lo que mantiene inmovilizadas a las autoridades locales.
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