Presunta red de robo de combustible habría operado desde Pemex y el SAT, según investigación

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el denominado “clan de Andy” habría operado en la sombra, controlando áreas estratégicas como Pemex, el SAT y otras dependencias clave, según un reporte de Código Magenta. Se presume que Andy López Beltrán extendió su influencia a través de varias instancias, supervisando operaciones vinculadas al robo y blanqueo de combustible.

La investigación señala que al menos 11 personas habrían colaborado en esta presunta red, entre ellos familiares y cercanos al diputado Daniel Asaf. Su función incluía la aprobación de permisos de importación de combustible, la supervisión de pipas, ferrocarriles y buques, así como vigilar que las empresas involucradas y las factureras no fueran inspeccionadas.

• Antonio Martínez Dagnino Asaf, titular del SAT y primo de Daniel Asaf.
• Marcos Herrería, exdirector corporativo de administración y servicios en Pemex.
• Paloma Rachela Aguilar, administradora general de recursos y servicios en el SAT.
• Alberto Becerra Mendoza, exadministrador general de recursos y servicios en la Agencia Nacional de Aduanas.
• Ángel Carrizales López, exdirector ejecutivo de la Agencia de Seguridad en Energía y Ambiente.
• Laura Josefina Chong, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma Agencia.
• Gilberto Lepe Sainz, titular de la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Energía.
• Rogelio Hernández Cáceres, excomisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
• Abraham Alipimena, exdirector del Centro Nacional de Control de Gas Natural.
• María Guadalupe Hernández, exjefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía.
• Iván Bernal, representante de la Secretaría de Energía.

Según Código Magenta, Antonio Martínez Dagnino Asaf habría sido el principal aliado en esta trama, supervisando desde el SAT que las empresas —reales o fantasmas— utilizadas para blanquear dinero del robo de combustible no fueran auditadas fiscalmente.

De confirmarse estas acusaciones, se trataría de uno de los casos de corrupción y complicidad más relevantes en la administración energética del país, con implicaciones que involucran a altos funcionarios y familiares de figuras políticas.

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