Leo, un adolescente diagnosticado con autismo, enfrenta desde hace dos años un entorno hostil en la Secundaria Técnica 3101 de Chihuahua capital, donde en lugar de recibir apoyo ha sido objeto de burlas, violencia y criminalización. La semana pasada fue expulsado, situación que sus padres, Luis y Elisa, denuncian como parte de un patrón de discriminación y acoso escolar que incluye reportes falsos sobre agresiones y abuso sexual, difundidos en grupos de WhatsApp de la comunidad escolar.
Los padres han presentado expedientes y documentos que muestran que directivos y maestros han omitido o alterado información ante las autoridades de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, incluso modificando oficios y actas oficiales. “Ya no pueden ocultar tanto abuso”, afirmó Elisa, señalando que la orientadora de la escuela levanta reportes sin fundamento con el objetivo de sacar a su hijo del plantel.
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Padres denuncian omisiones y acoso institucional
Leo fue inscrito en agosto de 2023 con el apoyo del equipo USAER y bajo la supervisión de su neuropsicóloga, para garantizar un entorno inclusivo. Sin embargo, pronto sufrió acoso por parte de alumnos de tercer grado, quienes le vaciaron botes de basura encima en los baños del plantel. Desde entonces, sus conductas propias del autismo han sido registradas como faltas disciplinarias, mientras la dirección de la escuela se negó a proporcionar los nombres de los responsables.
Los padres denuncian que la situación se agravó con reportes unilaterales de la orientadora y la creación de expedientes con información alterada o incompleta, afectando la percepción de Leo ante la Fiscalía y la Procuraduría. Las denuncias presentadas han sido desechadas por falta de pruebas, pero continúan surgiendo acusaciones que, según los tutores, constituyen un patrón de persecución contra su hijo.
Al promover amparos, la familia logró acceso parcial a las carpetas y evidencias, detectando videos editados para ocultar el contexto completo. Además, denuncian intentos de amedrentamiento por parte de autoridades y difusión de datos sensibles del menor, lo que agrava la situación de vulnerabilidad del adolescente.
Los padres enfatizan que la defensa legal de Leo busca garantizar derechos básicos de inclusión y respeto, no privilegios. “Esto no es solo por mi hijo, sino por todos los niños con discapacidad que enfrentan discriminación y criminalización en el sistema educativo”, afirmaron, subrayando que las conductas de Leo son propias de su condición y deben ser entendidas con respeto y paciencia.
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