El combate al huachicol fiscal, una de las prácticas más costosas para el erario mexicano, enfrenta un obstáculo fundamental: no existe una cifra oficial del daño económico que ha provocado. Aunque las autoridades reconocen su gravedad, las estimaciones varían ampliamente entre dependencias federales, lo que refleja falta de claridad sobre el alcance real de este delito.
Durante una comparecencia ante diputados, la Procuradora Fiscal de la Federación mencionó que los casos reportados hasta ahora representarían un daño aproximado de 600 mil millones de pesos, aunque precisó que solo 16 mil millones se encuentran actualmente en proceso judicial. Sin embargo, días después, ni la funcionaria ni su oficina confirmaron oficialmente esa cifra, generando más dudas sobre el cálculo presentado.
Un delito millonario sin control ni cifras verificables
El llamado huachicol fiscal —relacionado con el contrabando y manipulación de combustibles para evadir impuestos— se ha convertido en un problema estructural que afecta las finanzas públicas y la seguridad energética del país.
De acuerdo con información revelada recientemente, incluso los casos más concretos muestran avances limitados en las investigaciones. En el aseguramiento de dos buques implicados en contrabando de combustible, ocurrido en Altamira y Ensenada el pasado 19 de marzo, se obtuvieron 16 órdenes de aprehensión, de las cuales solo siete han sido cumplimentadas.
La propia Procuraduría Fiscal admitió que aún quedan órdenes pendientes de ejecutar, sin precisar el número total ni los montos recuperados hasta el momento.
Falta de coordinación y transparencia en las investigaciones
Las contradicciones entre funcionarios y la ausencia de reportes oficiales consolidados reflejan una falta de coordinación institucional en el combate al huachicol fiscal. A pesar de los operativos y detenciones anunciadas, no hay datos verificables sobre el volumen total del combustible contrabandeado ni sobre los responsables identificados.
Especialistas en materia fiscal y energética advierten que esta falta de precisión dificulta la recuperación de recursos y debilita la credibilidad de las estrategias oficiales contra la evasión y el contrabando.
Un reto pendiente para la Hacienda pública
Mientras el gobierno federal busca fortalecer su recaudación, el huachicol fiscal continúa drenando miles de millones de pesos del presupuesto nacional. Sin cifras claras ni resultados judiciales contundentes, el problema sigue creciendo en la sombra, afectando tanto a la competencia económica como a los ingresos del Estado.
El caso pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia, coordinación y rendición de cuentas, elementos clave para frenar un delito que, según las propias autoridades, sigue sin control ni cuantificación precisa.
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