La Ley de Propinas 2025, una reforma significativa a la Ley Federal del Trabajo (LFT), avanza en su proceso legislativo y promete transformar el panorama laboral para miles de trabajadores en México. Ya aprobada, esta iniciativa tiene como objetivo proteger los derechos de quienes dependen de las propinas como parte esencial de sus ingresos, como meseros, personal de restaurantes, hoteles y cafeterías.
Uno de los aspectos centrales de la reforma es que los empleadores deberán garantizar un sueldo base igual o superior al salario mínimo, independientemente de las propinas recibidas. Para 2025, el salario mínimo ha sido fijado en 278.80 pesos diarios, y no se permitirá que se ofrezcan sueldos inferiores bajo el argumento de que las propinas compensan la diferencia. Este cambio busca eliminar prácticas injustas que vulneraban el ingreso base de miles de trabajadores.
Propinas intocables y más derechos para trabajadores del servicio
Además, la ley establece que las propinas serán consideradas una gratificación voluntaria del cliente, y no parte del salario base. Con ello, se aclara su naturaleza legal y se previenen malentendidos o abusos en la relación empleador-trabajador.
Otro avance importante es la prohibición a los empleadores de administrar, retener o distribuir las propinas. Estas deberán ser entregadas íntegramente a los trabajadores que las generen, asegurando que el reconocimiento por su desempeño no sea desviado ni repartido de manera arbitraria.
Buscan facilitar derechos laborales para trabajadores
La implementación de esta reforma no solo dignifica al personal del sector servicios, sino que también facilita su acceso a derechos laborales formales como vacaciones pagadas, seguridad social, aguinaldo e incluso la posibilidad de obtener créditos a través del Infonavit. Esto representa un paso clave hacia la regularización de un segmento históricamente vulnerable.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será la autoridad encargada de supervisar la aplicación de esta ley, mediante inspecciones y sanciones. Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, los empleadores tendrán 180 días para adecuar sus contratos y prácticas internas a lo establecido en la nueva normativa.
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