Detenciones tras marcha en CDMX: familiares denuncian abusos y exigen liberar a manifestantes

Las detenciones ocurridas durante y después de la marcha del pasado sábado en la Ciudad de México han generado una fuerte ola de inconformidad. Diversos grupos de familiares y organizaciones civiles denunciaron que al menos una veintena de manifestantes fueron arrestados sin justificación, pese a que únicamente participaban en una protesta contra la inseguridad, la impunidad y el creciente clima de autoritarismo.

Entre las personas detenidas se encuentran jóvenes, activistas y voluntarios que acudieron a la movilización de manera pacífica y que, de acuerdo con sus allegados, fueron agredidos físicamente durante los operativos.

Uno de los testimonios que más indignación ha provocado es el de Sergio Velasco, de 35 años, un misionero conocido por su labor altruista con niñas y niños con cáncer. Según su familia, Sergio asistió a la marcha como muchos otros jóvenes, con la intención de expresar su preocupación por la situación del país.

Su prima lo identificó entre los detenidos gracias a las imágenes difundidas durante su traslado, donde se le observa herido. Sus allegados aseguran que es un hombre dedicado a apoyar a comunidades indígenas y familias vulnerables, y recalcan que no participó en ningún acto violento.

Otra de las detenidas es Daniela Tussin Camberos, de 24 años, originaria de Guadalajara. Su familia viajó a la Ciudad de México después de perder contacto con ella y no logró encontrarla hasta que finalmente fue localizada en el Ministerio Público.

Daniela acudió a la manifestación para grabar contenido para sus redes sociales, pero terminó arrestada y con lesiones visibles en la cabeza. De acuerdo con sus familiares, se le imputan delitos como tentativa de homicidio y robo con violencia, acusaciones que consideran completamente infundadas.

Actualmente, más de veinte personas permanecen recluidas en el Reclusorio Norte, enfrentando cargos que van desde lesiones hasta resistencia. Sus familiares aseguran que se trata de acusaciones fabricadas y que las detenciones tuvieron como propósito enviar un mensaje de intimidación a quienes decidan manifestarse.

Organizaciones civiles han señalado que la criminalización de la protesta es una práctica que pone en riesgo el derecho a la libre expresión y advierten que estos procesos podrían sentar un precedente peligroso para futuras movilizaciones.

En medio de las críticas, se confirmó que al menos tres jóvenes ya fueron vinculados a proceso por presuntos delitos relacionados con agresiones a la autoridad. Familias y defensores de derechos humanos exigen una revisión transparente de cada caso y la intervención de organismos independientes para garantizar que no se esté utilizando la justicia como herramienta de castigo político.

Las denuncias continúan acumulándose, mientras colectivos y ciudadanos insisten en la liberación de las personas que consideran inocentes y en la necesidad de proteger el derecho a protestar sin temor a represalias.

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