La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha emitido una ficha de búsqueda contra Jaime Hernández Toral, conocido en redes sociales como Jaime Toral, tras ser señalado por su presunta participación en un caso de trata de personas y secuestro.
Las autoridades ofrecen una recompensa de 350 mil pesos a quien proporcione información que lleve a su localización y captura. El caso ha generado atención nacional debido a la notoriedad del influencer, quien ganó popularidad durante la pandemia por sus videos con personas en situación vulnerable, especialmente junto a una mujer conocida como “Doña Lety”.
“Doña Lety” denunció haber sido privada de la libertad
El caso salió a la luz pública cuando Leticia Hillman Gómez, identificada en redes como “Doña Lety”, fue rescatada en septiembre de 2024. La mujer denunció haber estado privada de su libertad durante un año, señalando a un hombre de apellido Toral como su presunto secuestrador.
Su testimonio generó una ola de indignación, pues muchos seguidores del influencer creían que su relación con “Doña Lety” era parte de un proyecto de ayuda social. Sin embargo, las declaraciones de la víctima contradijeron la versión pública mostrada en redes.
Jaime Toral se defiende en redes sociales
Antes de desaparecer, Jaime Toral publicó varios videos en los que negó las acusaciones, asegurando que “Doña Lety fue tratada como una más de la familia” y que todo su contenido se basaba en el respeto y la solidaridad.
Pese a ello, las autoridades estatales confirmaron que el influencer también está siendo investigado por la desaparición de su novia, Rosa Elena Pimienta Santos, ocurrida meses antes de la denuncia de Hillman Gómez.
Influencer viral bajo investigación y controversia
Durante la pandemia, Toral logró millones de reproducciones y seguidores en plataformas como Facebook y TikTok, convirtiéndose en un referente del contenido social. No obstante, tras las denuncias, sus cuentas fueron dadas de baja o inactivadas, y su paradero permanece desconocido.
La Fiscalía mantiene abierto el caso, que ha encendido el debate sobre la responsabilidad ética de los creadores de contenido y los límites entre la exposición mediática y la explotación de personas en situación vulnerable.
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