Censura y control: oposición acusa a Morena de atacar la libertad de expresión en Campeche y Puebla

La reciente detención del periodista Jorge Luis González en Campeche ha desatado una oleada de críticas a nivel nacional. El comunicador, de 71 años y retirado de la vida pública, fue arrestado por presunta agresión a un oficial de policía. Pasó 48 horas detenido, sin que las autoridades pudieran comprobar el delito que se le imputaba. La medida se percibió como una represalia por sus críticas al gobierno de la gobernadora Laida Sansores, desde el medio “Tribuna de Campeche”, del cual fue director.

Más grave aún, una jueza determinó que sus publicaciones constituían “incitación al odio”, lo que derivó en una condena que le prohíbe ejercer el periodismo por dos años, el cierre de la edición digital del periódico y el pago de 2 millones de pesos por supuesto daño moral.

Simultáneamente, en el estado de Puebla se aprobó en tiempo récord la llamada ley ciberasedio, impulsada por la mayoría morenista del Congreso local. La legislación tipifica como delito el hecho de “insultar mediante medios digitales” con la suficiente insistencia como para causar daño físico o emocional. Para la oposición, esta norma abre la puerta a un uso discrecional que podría utilizarse para silenciar a críticos y periodistas incómodos.

Pese a la polémica, el gobierno estatal anunció que llevará a cabo foros para “precisar los alcances” de la ley ya publicada. Sin embargo, legisladores de oposición advierten que estos encuentros serían meramente simbólicos, pues el texto ya está en vigor.

Para diversos actores políticos, estos casos representan una tendencia preocupante: el uso del aparato estatal para castigar o intimidar a quienes expresan opiniones contrarias al régimen. La rapidez con la que se aprueban estas leyes y las sanciones impuestas a periodistas críticos son vistas como síntomas de un intento por consolidar el control informativo desde el poder.

La oposición insiste en que estas medidas deben ser revertidas, y exhortan a organismos de derechos humanos a pronunciarse ante lo que consideran un ataque frontal contra la libertad de prensa.

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