Aprueban sin debate ley antilavado que amplía vigilancia sobre ciudadanos y empresas
Reformas impulsadas por Morena, PT y PVEM fueron votadas sin pasar por comisiones; se cuestiona posible uso político y la violación de derechos fundamentales.
En una jornada legislativa acelerada, el Congreso de la Unión aprobó tres reformas claves impulsadas por el bloque oficialista conformado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Entre las más controvertidas se encuentra la nueva Ley Antilavado de Dinero, que fue votada sin pasar por comisiones, sin análisis técnico y sin lectura previa del dictamen.
Ciudadanos y empresas, bajo sospecha por gastos comunes
La nueva legislación otorga a la Secretaría de Hacienda facultades ampliadas para investigar a ciudadanos y empresas por actividades consideradas como vulnerables. Entre estas se encuentran transacciones mensuales con tarjetas de crédito mayores a 91 mil pesos, operaciones con criptomonedas, donaciones superiores a 50 mil pesos, e incluso el cobro de rentas por más de 15 mil pesos.
Especialistas han advertido que estas disposiciones colocan bajo sospecha a personas por el simple hecho de manejar recursos legales, abriendo la puerta a una vigilancia financiera excesiva y sin garantías.
Acceso militar y sin orden judicial a datos personales
Uno de los puntos más polémicos de la ley es que otorga a Hacienda y a la Guardia Nacional acceso a información personal, financiera y patrimonial sin necesidad de una orden judicial. Esto, según críticos, representa un riesgo para la privacidad y el debido proceso legal.
La intervención de las fuerzas armadas en tareas de fiscalización financiera sin supervisión del Ministerio Público es vista como un paso más hacia la militarización de funciones civiles y la concentración del poder estatal.
Reformas paralelas también elevan preocupación
Junto con la ley antilavado, también fueron aprobadas reformas en materia de desaparición forzada de personas y competencia económica. Estas, al igual que la primera, han sido señaladas por sectores de la oposición como instrumentos para ejercer presión política, debilitar contrapesos institucionales y eliminar garantías procesales.
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