Una y otra vez pidió ayuda, pero nunca llegó... Carlos Manzo fue dejado a su suerte | VIDEO

La despedida del presidente municipal de Uruapan, conocido como “el del sombrero”, se transformó en una protesta en la que su familia y decenas de ciudadanos exigieron justicia y mayor protección frente a la violencia. Durante el acto fúnebre, la esposa y el hermano del alcalde aseguraron que continuarán la lucha que él emprendió para enfrentar a los grupos criminales que operan en la región.

Los asistentes reprocharon la respuesta de las autoridades federales y estatales ante los llamados de auxilio realizados por el alcalde en meses previos. En su reclamo, familiares señalaron que solicitaron apoyo directamente a la Presidencia de la República —mencionada en ocasiones por el propio alcalde durante su gestión—, pero que la protección recibida fue insuficiente o temporal.

La ceremonia también dejó momentos de tensión por la presencia del gobernador estatal, a quien algunos asistentes responsabilizaron por la falta de resultados en seguridad.

Testimonios citados en el acto señalan que el alcalde insistió públicamente en la necesidad de intervención federal para garantizar la seguridad en Uruapan: pidió más elementos y apoyo operativo, dijo que la delincuencia organizada requería atención de fuerzas federales y amagó con no quedarse callado frente a lo que calificó como impunidad y negligencia. Sus seguidores recordaron las publicaciones y peticiones que hizo en redes y ante autoridades, y criticaron la retirada posterior de los apoyos que se enviaron de manera temporal.

Familiares y colaboradores describieron al alcalde como un líder popular que llegó a la presidencia municipal por la vía independiente y que buscó ganar cercanía con la ciudadanía. En el funeral, se comprometieron a mantener su proyecto social y a exigir al Estado que garantice la seguridad de Uruapan, con el argumento de que “apagar su voz no significa apagar la lucha”.

Los asistentes demandaron resultados concretos en las investigaciones para dar con los responsables del homicidio y exigieron que se aplique “todo el peso de la ley”. También reclamaron políticas públicas que protejan a presidentes municipales y poblaciones vulnerables frente al crimen organizado.

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