Represión y protestas tras el asesinato de Carlos Manzo: tensión en Michoacán | VIDEO

El clima de indignación en Michoacán no se limitó al funeral del alcalde de Uruapan. Mientras el cortejo fúnebre recorría las calles, en Morelia decenas de manifestantes, en su mayoría jóvenes, se concentraron frente al Palacio de Gobierno estatal para exigir justicia. Las protestas, que iniciaron con consignas pacíficas, derivaron en momentos de tensión y enfrentamiento con elementos de seguridad.

Los manifestantes lograron irrumpir en parte del recinto donde despacha el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, lo que desencadenó la intervención de la policía estatal. Durante el operativo se reportó el uso de gas lacrimógeno y varios enfrentamientos. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó la detención de al menos ocho personas, aunque no precisó los cargos ni las condiciones de su arresto.

Entre las denuncias surgidas durante las manifestaciones destaca la de la reportera Dalia Villegas, quien afirmó que agentes policiales la obligaron a borrar material fotográfico y de video, a pesar de estar acreditada como prensa. Colectivos de periodistas locales exigieron garantías para el ejercicio informativo y denunciaron la represión como un atentado contra la libertad de expresión.

Autoridades michoacanas justificaron la actuación policial señalando que entre los asistentes habría grupos de oposición infiltrados. Sin embargo, organizaciones civiles y estudiantiles rechazaron la versión oficial y acusaron al gobierno de reprimir a quienes exigen justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

Al día siguiente, nuevos contingentes de jóvenes se sumaron a las marchas en Uruapan y Morelia, levantando pancartas con mensajes contra la violencia y la impunidad. Aunque las movilizaciones intentaron mantenerse pacíficas, nuevamente se registraron choques con la policía y el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

El caso de Carlos Manzo continúa generando reacciones a nivel nacional. Diversos sectores han cuestionado la falta de acción contra los grupos criminales que operan en la región y la aparente prioridad del gobierno en contener las protestas en lugar de fortalecer la seguridad pública.

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