Un relevo en la Fiscalía General de la República desata críticas y dudas sobre legalidad

El relevo en la Fiscalía General de la República abrió un nuevo frente de confrontación política. La salida de Alejandro Gertz Manero, procesada de manera acelerada y sin claridad pública, generó críticas entre legisladores opositores, quienes consideran que la decisión vulnera principios de autonomía y legalidad. Según sus señalamientos, la renuncia habría estado motivada por investigaciones internas que involucraban a figuras del oficialismo.

Para distintos bloques opositores, el procedimiento seguido para la remoción del fiscal no respetó los mecanismos establecidos, lo que —afirman— evidencia presiones desde el Ejecutivo. De acuerdo con sus versiones, los señalamientos de corrupción y presunto tráfico de influencias relacionados con personajes cercanos al gobierno habrían influido en la decisión de apartar a Gertz Manero del cargo.

Mientras se completa el proceso para elegir a la nueva o nuevo titular, Ernestina Godoy quedó al frente de la FGR como encargada de despacho. Su llegada, por su cercanía política con figuras del partido en el poder, generó preocupación adicional entre legisladores del PRI y PAN, quienes advirtieron que este movimiento podría concentrar aún más la influencia del oficialismo en áreas clave de procuración de justicia.

El Senado emitió la convocatoria para quienes deseen participar en el proceso de selección. Conforme al marco legal, la Cámara Alta evaluará a los aspirantes para integrar una lista inicial, de la cual se elegirá a diez perfiles. Esa decena será turnada a la Junta de Coordinación Política, encargada de definir a quienes pasarán a la etapa final de comparecencias. Posteriormente, se enviará una terna a la Presidencia de la República para su designación final.

Aunque Ernestina Godoy podría participar formalmente en la convocatoria, analistas señalan que su postulación reavivaría la discusión sobre el concepto de “fiscal carnal”, al tratarse de una figura vinculada al partido gobernante. Mientras tanto, los grupos opositores afirman que seguirán vigilando el proceso para evitar —según dijeron— que la Fiscalía quede subordinada a intereses políticos.

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