Cambios en la Fiscalía generan cuestionamientos por presunta injerencia política

El reciente relevo en la Fiscalía General de la República (FGR), marcado por la salida de Alejandro Gertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy como encargada de despacho, abrió un debate nacional sobre la forma en que se tomó la decisión. Diversas voces opositoras consideran que el proceso fue irregular y señalan que hubo presiones políticas detrás del movimiento.

Críticos del gobierno federal han señalado directamente al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, como una figura influyente en el cambio dentro de la FGR. De acuerdo con estos señalamientos, su presencia reciente en Palacio Nacional y el contexto de denuncias previas han alimentado dudas sobre la motivación real de la renuncia del fiscal saliente.

Uno de los puntos más mencionados por la oposición es que, meses atrás, la exdiputada federal María Elena Pérez-Jaén presentó 37 denuncias contra Adán Augusto López por presunto desvío de recursos durante su gestión como gobernador de Tabasco. Aunque los señalamientos sumaban cerca de 800 millones de pesos en posible daño patrimonial, no se inició un proceso formal en su contra, hecho que alimentó sospechas de falta de independencia en la Fiscalía.

Los críticos sostienen que la renuncia de Gertz Manero, en lugar de avances en las investigaciones, podría enviar un mensaje de impunidad en un momento en el que se exige transparencia en los casos de corrupción. Según estas voces, las decisiones políticas habrían prevalecido sobre los mecanismos institucionales establecidos por la ley.

Mientras tanto, Ernestina Godoy asumió temporalmente la responsabilidad de encabezar la FGR. Su cercanía con figuras relevantes del oficialismo ha generado dudas entre sectores opositores, quienes consideran que este cambio podría traducirse en un control mayor del gobierno sobre el órgano de procuración de justicia.

La transición en la Fiscalía ocurre mientras se abre el proceso formal para seleccionar al nuevo titular. El Senado deberá evaluar los perfiles inscritos y avanzar hacia una terna final que posteriormente será enviada al Ejecutivo. La designación será clave para definir si la institución recupera confianza o si persisten las sospechas de intervención política.

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