Siete años de gobierno federal dejan obras millonarias con sobrecostos y dudas sobre su rentabilidad

Aunque el partido en el poder ha destacado los logros de sus siete años de gobierno, especialistas en infraestructura y finanzas públicas señalan que varias de las obras emblemáticas han resultado más costosas de lo proyectado y no han demostrado beneficios proporcionales para la población. Los análisis disponibles muestran incrementos presupuestales, problemas operativos y un nivel de opacidad que impide conocer con precisión el destino de los recursos aplicados.

Entre los proyectos más discutidos se encuentra la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco. Inicialmente presupuestada en alrededor de 150 mil millones de pesos, la obra ha triplicado su costo sin haber completado todas sus etapas. Especialistas advierten que aún falta inversión adicional para integrar sistemas, habilitar conexiones de gas y logística, lo que podría elevar nuevamente su presupuesto.

Otro proyecto señalando por su impacto económico y ambiental es el Tren Maya. Además de las afectaciones reportadas en zonas de selva y cenotes, el costo total ha aumentado casi tres veces respecto al monto asignado al inicio. A pesar de ello, el sistema ferroviario no ha logrado operar con ingresos suficientes para sostenerse.

En 2024 obtuvo cerca de 300 millones de pesos por ingresos propios, mientras que sus gastos superaron los 2 mil 800 millones. Para 2026 se contempla una asignación pública de más de 30 mil millones de pesos para su operación, año en el que se prevé que genere apenas una fracción de lo necesario para mantenerse sin subsidios.

La decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco continúa representando uno de los mayores costos para las finanzas públicas. Sumado al gasto destinado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y a la operación de la aerolínea Mexicana, el país ha destinado recursos que, según especialistas, no han mostrado retornos ni claridad en su desglose.

Expertos en administración pública insisten en que la falta de información detallada sobre estos proyectos obstaculiza la evaluación real de su impacto y dificulta conocer el uso final de los fondos.

Organismos civiles y analistas coinciden en que los últimos siete años han estado marcados por presupuestos crecientes en obras de infraestructura que continúan sin operar plenamente o que requieren subsidios constantes. Consideran necesario transparentar los informes financieros para determinar la viabilidad de los proyectos y su beneficio para la ciudadanía.

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