El patrimonio acumulado por Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, permanecerá bajo reserva durante cinco años, luego de que el gobierno estatal determinara ocultar la información relacionada con los recursos que habría obtenido de actividades ilícitas. De acuerdo con testimonios ante la Fiscalía General de la República (FGR), el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco recibía semanalmente millonarias sumas de dinero.
Testimonio revela ganancias millonarias
Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias “Tomasín” y testigo protegido de la FGR, aseguró que Bermúdez llegaba a recibir hasta 8 millones de pesos cada lunes, producto de la venta de drogas y extorsiones realizadas por operadores del grupo conocido como “La Barredora”. Dicho dinero era entregado en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Campestre de Villahermosa, Tabasco.
Estructura de operación en Tabasco
De acuerdo con el testimonio, varios lugartenientes operaban distintos municipios tabasqueños. Gabriel Gómez Vázquez controlaba al menos siete localidades, mientras que Ulises Pinto Madera manejaba el narcomenudeo en Huimanguillo, Paraíso, Cunduacán, Balancán, Emiliano Zapata, Tenosique y parte de la capital. Otros integrantes, identificados como “Prada” y “Tomasín”, compartían áreas de influencia en Macuspana, Tepa y Jonuta. Cada uno entregaba alrededor de 2 millones de pesos semanales al exfuncionario.
Traslados de dinero y extorsiones
El testigo también reveló que trasladó en avionetas privadas alrededor de 40 millones de pesos desde Tabasco hacia Mérida, dinero presuntamente destinado a proyectos de construcción. Además, se mencionó que Bermúdez obtenía ingresos adicionales de las llamadas “narcotiendas” en Villahermosa, así como de extorsiones a bares y comercios, con pagos que ascendían a cientos de miles de pesos por semana.
Información reservada por decisión del gobierno
Aunque los reportes apuntan a un flujo constante de recursos ilícitos, la magnitud de la fortuna de Bermúdez Requena permanece sin conocerse. El gobierno estatal resolvió reservar durante cinco años toda la información patrimonial del exsecretario, lo que genera interrogantes sobre la transparencia y el seguimiento a las investigaciones.
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