La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que la muerte de Rocky, ocurrida tras varios días de permanecer bajo atención veterinaria, agrava el proceso penal que enfrenta Liliana “N”, quien fue vinculada a proceso por el delito de maltrato animal. De acuerdo con la autoridad, el fallecimiento del perro representa un agravante contemplado en el Código Penal estatal, por lo que la pena podría incrementarse de hasta cuatro a ocho años de prisión, mientras la imputada continúa bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
El delegado de la Región Sureste de la Fiscalía, Julio César Loera Ruiz, señaló que ya se realizan las diligencias correspondientes tras el fallecimiento del animal, incluyendo la identificación y el levantamiento del cuerpo como parte de la investigación.
¿Por qué podría aumentar la pena por el caso de Rocky?
De acuerdo con la Fiscalía, la legislación vigente en Coahuila establece que cuando el maltrato animal provoca la muerte de un ser sintiente, la sanción prevista puede duplicarse.
Por este motivo, el fallecimiento de Rocky modifica el panorama jurídico del caso, ya que el Ministerio Público integrará este nuevo elemento dentro de la carpeta de investigación durante la etapa complementaria del proceso.
Liliana “N” permanecerá en prisión preventiva
La imputada fue detenida mediante una orden de aprehensión y posteriormente presentada ante un juez de Control, quien determinó vincularla a proceso y mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El plazo fijado para la investigación complementaria es de tres meses, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará reuniendo pruebas relacionadas con los hechos.
La Fiscalía precisó que la defensa aún cuenta con recursos legales, como apelaciones, solicitudes de revisión de medidas cautelares o juicios de amparo, conforme al desarrollo del procedimiento judicial.
Fiscalía descarta, por ahora, alegatos sobre un problema de salud mental
Durante la audiencia, la defensa planteó la posibilidad de que Liliana “N” presentara una condición psiquiátrica que pudiera influir en el proceso. Sin embargo, la Fiscalía y el juez consideraron insuficientes los elementos presentados, al señalar que no se aportó un dictamen especializado que acreditara un estado de inimputabilidad conforme a los requisitos establecidos por la ley.
Además, la autoridad indicó que, en caso de detectarse documentación médica falsa, podrían iniciarse investigaciones independientes por posibles delitos relacionados con ese hecho.
Investigación incluyó videos, peritajes e inspecciones
La Fiscalía de Coahuila informó que desde que se tuvo conocimiento del caso se activaron los protocolos correspondientes para la investigación.
Entre las diligencias realizadas se encuentran el aseguramiento de videos difundidos en redes sociales, inspecciones autorizadas judicialmente en un domicilio, la recopilación de indicios biológicos y diversos peritajes, elementos que forman parte de la carpeta de investigación.
Asimismo, la autoridad señaló que la investigación contra otra persona relacionada con el caso permanece abierta, aunque precisó que obtuvo su libertad bajo reservas de ley al tratarse de un delito considerado accesorio.
Finalmente, la Fiscalía sostuvo que, con base en las pruebas reunidas hasta el momento, la agresión contra Rocky habría sido intencional, aunque aclaró que no existen elementos objetivos que respalden versiones difundidas sobre un supuesto móvil de venganza.
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