La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudirá al citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer este miércoles 27 de mayo; sin embargo, su equipo legal adelantó que también presentará una denuncia contra la propia institución federal al considerar que el procedimiento presenta violaciones constitucionales.
Así lo informó el abogado Roberto Gil Zuarth, quien aseguró que la mandataria estatal responderá al requerimiento en los términos establecidos por la autoridad federal, mientras se analiza jurídicamente el alcance del proceso.
Defensa de Maru Campos anuncia acciones legales contra la FGR
El equipo jurídico que asesora a la gobernadora señaló que en las próximas horas interpondrá una denuncia penal contra quienes resulten responsables de haber iniciado presuntamente un procedimiento sin seguir el mecanismo constitucional correspondiente.
De acuerdo con la postura de la defensa, el procedimiento federal habría omitido pasos necesarios relacionados con la figura del fuero constitucional que protege a funcionarios en funciones.
El abogado explicó que la acción legal se sustentará en disposiciones del Código Penal Federal que, según argumentó, contemplan posibles responsabilidades por actuaciones fuera del marco constitucional.
¿Qué dijo la defensa sobre el citatorio a Maru Campos?
Roberto Gil Zuarth indicó que la gobernadora sí atenderá la comparecencia programada por la Fiscalía General de la República. “El citatorio va a ser respondido y ella acudirá a responderlo en los términos en los que fue formulado”, expresó el litigante al referirse al requerimiento enviado por la autoridad federal.
Asimismo, sostuvo que el documento no contiene cuestionamientos específicos ni solicitudes concretas de información, sino únicamente la instrucción de presentarse personalmente ante la instancia correspondiente.
Debate por el fuero constitucional de gobernadores
La defensa de la mandataria argumentó que, para proceder penalmente contra un gobernador en funciones, primero debe existir una declaratoria de procedencia avalada por la Cámara de Diputados y posteriormente ratificada por el Congreso local.
Según la interpretación jurídica presentada por el equipo legal, ese mecanismo constitucional sería indispensable antes de iniciar cualquier actuación penal formal contra un titular del Poder Ejecutivo estatal.
El tema ha generado debate político y jurídico debido al alcance de las facultades federales y las protecciones constitucionales relacionadas con el cargo de gobernador.
Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se definan las acciones legales anunciadas por el equipo de abogados y se conozcan más detalles sobre el contenido del procedimiento federal.
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