En la era digital, las redes sociales han cambiado radicalmente la forma en que las personas interactúan, comparten información y se comunican. Sin embargo, también han abierto la puerta a un fenómeno alarmante: la captación de menores para fines de explotación, un delito que crece de forma silenciosa y que se dirige a los más vulnerables.
Cada vez más casos de trata infantil comienzan con algo tan común como un mensaje directo o una solicitud de amistad. Lo que inicia como una conversación inocente puede escalar rápidamente hacia situaciones de alto riesgo, sin que las víctimas o sus familias sean conscientes del peligro.
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El alarmante crecimiento de la trata infantil en entornos digitales
De acuerdo con el Quinto Reporte Anual contra la Trata de Personas, presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, los delitos relacionados con material de abuso sexual infantil aumentaron un 86 % durante el primer semestre de 2025. El 62 % de los casos documentados está vinculado a la producción, distribución o consumo de este tipo de material.
El estudio revela que el 81 % de las captaciones ocurrieron a través de plataformas como Facebook (22 %), Instagram (18 %) y WhatsApp (15 %), donde los agresores se presentan como “amigos virtuales”. Entre enero de 2024 y junio de 2025, la Línea y Chat Nacional contra la Trata recibió 5,170 reportes, y el 59 % de las víctimas eran mujeres, principalmente adolescentes de entre 12 y 17 años.
El informe también advierte que el 78 % de las captaciones se concretan de forma presencial, y que las víctimas migrantes sufren una alta vulnerabilidad, siendo forzadas a actividades como transporte de narcóticos, trabajos domésticos y explotación sexual.
La corrupción de menores y su marco legal
La corrupción de menores ocurre cuando una persona adulta o un menor con conducta dañina influye de forma negativa en el desarrollo de niños o adolescentes, exponiéndolos a riesgos como explotación sexual, consumo de drogas, prostitución o actividades delictivas.
El Código Penal mexicano sanciona severamente este delito, mientras que la Constitución prohíbe emplear a menores de 16 años en trabajos peligrosos o insalubres. Sin embargo, la prevención no depende solo de la ley, sino de factores clave como la supervisión familiar, un entorno social sano y el ejemplo positivo en el hogar y en los medios de comunicación.
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