Una sentencia de 84 años y cinco meses de prisión recibió Pablo Gerardo G. M., declarado responsable de feminicidio en grado de tentativa, violación agravada y desaparición cometida por particulares, por hechos ocurridos en la ciudad de Chihuahua. Además de la pena de cárcel, deberá pagar más de 605 mil pesos como reparación del daño.
La resolución fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), luego de que el Ministerio Público acreditara su responsabilidad durante un juicio oral por las agresiones cometidas contra una menor de edad y su madre.
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¿Por qué sentenciaron a más de 84 años al responsable en Chihuahua?
De acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio, los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2022, en la colonia Genaro Vázquez, en Chihuahua capital. En ese lugar, el ahora sentenciado se llevó por la fuerza a una menor de edad y la agredió sexualmente.
Durante el ataque, la madre de la víctima intentó impedir que el hombre se llevara a su hija. Sin embargo, el agresor le disparó con un arma de fuego, provocándole lesiones graves tanto en el cuerpo como en el rostro.
Los hechos derivaron en una investigación ministerial por delitos de género, violencia sexual y desaparición cometida por particulares. La representación social presentó los elementos que permitieron al tribunal determinar la responsabilidad penal del acusado.
¿Dónde cumplirá su condena Pablo Gerardo G. M.?
El hombre fue detenido el 13 de diciembre de 2022, mediante una orden de aprehensión relacionada con estos delitos.
Posteriormente, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos emitió el fallo condenatorio y, durante la individualización de las sanciones, estableció una pena de 84 años y cinco meses de prisión.
La condena será cumplida en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Aquiles Serdán, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.
Además, el sentenciado deberá cubrir 605 mil 320 pesos por concepto de reparación del daño, como parte de las sanciones impuestas por los delitos acreditados durante el proceso judicial.
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