Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025, un total de 1,191 mujeres en Chihuahua recibieron atención médica por agresiones cometidas por sus parejas, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica sobre Violencia Intrafamiliar. El informe contempla afectaciones físicas, emocionales y sexuales y refleja un aumento moderado respecto a los 1,028 casos registrados en 2023 y 2024, lo que confirma que la violencia de pareja continúa siendo un problema persistente y de alto impacto en la salud pública.
A nivel nacional, el reporte contabiliza 38,866 atenciones, situando a Chihuahua en el décimo lugar. Aunque los datos no detallan cada caso, especialistas advierten que las cifras muestran solo una fracción de la realidad, ya que muchas mujeres no denuncian por miedo, dependencia económica o falta de redes de apoyo.
Consecuencias psicológicas y físicas mantienen alerta a especialistas
La psicóloga de género Ana Karla Castillo explicó que la violencia de pareja tiene repercusiones profundas y muchas veces invisibles. Señaló que las víctimas suelen desarrollar depresión, ansiedad y estrés postraumático, trastornos que afectan su vida personal, familiar y laboral, y que pueden volverse crónicos si no reciben tratamiento adecuado.
Además de los daños emocionales, Castillo resaltó que las agresiones pueden provocar consecuencias físicas severas, como hipertensión, cefaleas persistentes, alteraciones del sueño e incluso el agravamiento de enfermedades metabólicas. Subrayó que la atención integral debe incluir acompañamiento psicológico, redes de apoyo comunitario y mecanismos seguros para solicitar ayuda sin temor a represalias.
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La especialista también destacó la importancia de fortalecer los programas de prevención, fomentar la educación emocional y ampliar los espacios donde las mujeres puedan reconocer los ciclos de violencia, acceder a información confiable y recibir atención inmediata.
Mientras las cifras continúan en ascenso, organizaciones civiles y profesionales de la salud insisten en que la violencia de pareja debe tratarse como un problema estructural que exige políticas públicas sostenidas, capacitación, y mayor inversión en servicios especializados.
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