Raúl Rocha Cantú, empresario y propietario del certamen Miss Universo, enfrenta graves señalamientos por su presunta participación en una red criminal dedicada a actividades ilícitas como el tráfico de armas, huachicol y otros delitos de alto impacto. De acuerdo con un expediente abierto en la Fiscalía General de la República (FGR), la organización habría operado mediante empresas fachada registradas como compañías de seguridad privada.
Empresas de seguridad como presunta fachada criminal
Según la investigación federal, al menos cinco empresas fueron utilizadas para encubrir actividades ilegales. Entre ellas se encuentran Comercializadora de Bienes Segurimex, Servicios Terrestres de Seguridad Privada CETER, Dinámica Seguridad Privada Consultores, Servicios Especializados de Investigación y Custodia, y Servicios Integrales Valbon. Aunque algunas contaban con permisos para ofrecer servicios de guardias intramuros o escoltas, las autoridades señalan que su operación real consistía en la venta y tráfico de armas.
Estructura operativa de la red
Las compañías habrían sido administradas por operadores bajo las órdenes de Gobierno Reyes León, identificado por la FGR como presunto líder de la organización criminal. Otro de los personajes clave es Jorge Albert Ponce, alias “Georgie”, quien presuntamente coordinaba operaciones junto con Reyes León y Raúl Rocha Cantú. Actualmente, Ponce cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada.
Tráfico de armas y modificación de armamento
De acuerdo con el expediente, a través de estas empresas se comercializaban armas cortas y de alto calibre, algunas de ellas presuntamente modificadas o remarcadas para su entrega a grupos criminales. La investigación señala que el armamento era ofrecido incluso con licencias, con precios que alcanzaban hasta los 20 mil pesos por pieza.
Diversificación de actividades ilícitas
Las autoridades federales sostienen que el nivel de impunidad con el que operaba esta red permitió la diversificación de sus actividades delictivas, que incluían el robo y comercialización ilegal de combustible, así como el tráfico de drogas y armas. Pese a la magnitud de la operación, hasta el momento solo existen 12 órdenes de aprehensión vigentes contra los presuntos integrantes de la organización.
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