La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenía conocimiento desde agosto de 2024 sobre operaciones millonarias realizadas por Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, con empresas vinculadas a prestanombres de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación, la UIF —bajo la dirección de Pablo Gómez, aliado del actual gobierno— habría omitido actuar pese a contar con información que vinculaba a Vector con transacciones financieras sospechosas por más de 47 millones de dólares.
Fondos ilícitos provenientes de Barbados
Los datos recabados por MCCI provienen de información oficial contenida en la demanda civil que el gobierno mexicano promovió en una corte de Florida para recuperar recursos desviados mediante contratos fraudulentos. La evidencia apunta a que la empresa Numbaf, perteneciente a Alexis y Samuel Weinberg —presuntos prestanombres de García Luna—, transfirió millones de dólares a Vector desde una cuenta en el Occidental Bank de Barbados, señalada por las autoridades como depósito de fondos ilícitos del erario mexicano.
Acusan encubrimiento y uso político de la UIF
La denuncia de MCCI va más allá del caso financiero. Acusa a la UIF de actuar de manera facciosa y guardar silencio durante diez meses, lo que ha sido interpretado como una estrategia para proteger a personajes cercanos al poder. Cabe destacar que Alfonso Romo fue uno de los principales asesores y jefe de oficina del expresidente Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2020.
“El uso de instituciones como la UIF para fines políticos pone en riesgo el combate real a la corrupción”, advierte MCCI.
Vector, también señalada por EE.UU. por lavado ligado al narco
Este caso se suma a la reciente acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señaló a tres instituciones financieras mexicanas, incluyendo Vector Casa de Bolsa, por su presunta participación en lavado de dinero para cárteles mexicanos y en pagos a empresas chinas proveedoras de precursores para producir fentanilo.
Estas revelaciones aumentan la presión sobre el gobierno federal, que ha sido acusado de utilizar de forma selectiva la justicia para proteger a figuras cercanas mientras se combate públicamente la corrupción de adversarios políticos.
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