La presunta infiltración del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la aduana de Matamoros, Tamaulipas, volvió a cobrar relevancia tras la difusión de un reportaje que expone posibles nexos entre una funcionaria federal y uno de los operadores financieros sancionados por el Gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación, Analé de Jesús Juradini Silva, hermana de Óscar Juradini Silva, labora en la aduana de Matamoros, punto fronterizo por el que, presuntamente, su familiar habría traficado millones de litros de combustible ilegal durante los últimos años.
Según información publicada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Analé de Jesús Juradini ha ocupado diversos puestos estratégicos dentro de la aduana de Matamoros desde 2019, entre ellos la jefatura de Trámites y Asuntos Legales.
Ese mismo cargo fue desempeñado anteriormente por Carlos Eugenio Benítez Horta, exfuncionario detenido en Texas, Estados Unidos, acusado de facilitar el ingreso de combustible de procedencia ilegal por la frontera. Actualmente permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en México.
Especialistas consultados señalaron que existe un vínculo administrativo entre ambos casos, ya que Juradini Silva asumió la responsabilidad del puesto que Benítez Horta dejó tras su detención. Además, recordaron que el exfuncionario tenía entre sus responsabilidades la supervisión de personal aduanero en Matamoros.
Documentos oficiales indican que Analé de Jesús Juradini continúa desempeñando funciones dentro de la aduana de Matamoros. Mientras tanto, el pasado 30 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó a su hermano, Óscar Juradini Silva, junto con varias empresas transportistas presuntamente vinculadas a él, a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al señalarlo como parte de una red dedicada al llamado huachicol fiscal relacionada con el CJNG.
En ese mismo comunicado, la dependencia estadounidense sostuvo que organizaciones criminales utilizan los recursos obtenidos mediante el contrabando de combustible para financiar actividades ilícitas, corromper a funcionarios públicos y buscar influencia dentro de distintas instituciones gubernamentales. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre alguna investigación o imputación en contra de la funcionaria mencionada.
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