La vinculación a proceso contra la exalcaldesa de Nuevo Casas Grandes fue ratificada este 23 de abril, luego de que un juez de control determinara que existen elementos para continuar la investigación por el presunto uso ilegal de atribuciones en la compra de camiones recolectores; la decisión se tomó tras revisar un amparo, en audiencia judicial, en Chihuahua, y responde a señalamientos por un posible daño al erario superior a los 4 millones de pesos.
¿Por qué ratificaron la vinculación a proceso?
De acuerdo con la información oficial, la autoridad judicial analizó nuevamente los datos de prueba presentados por la Fiscalía Anticorrupción, concluyendo que estos permiten sostener la probable responsabilidad de la exfuncionaria.
La resolución se dio durante una audiencia de cumplimiento de amparo, en la que se revisó la decisión inicial. Tras este proceso, el juez determinó mantener la medida previamente impuesta, lo que permite que el caso continúe en etapa de investigación.
Compra de camiones bajo investigación
El caso se centra en la adquisición de camiones recolectores de basura, operación que habría superado los 4 millones de pesos. Según la investigación, el proceso de compra presentó irregularidades en su licitación.
Estas acciones habrían derivado en un uso indebido de recursos públicos, lo que motivó la intervención de las autoridades encargadas de investigar posibles actos de corrupción.
Origen de la denuncia y avance del caso
Las indagatorias comenzaron tras una denuncia presentada en 2023 por la sindicatura municipal, lo que permitió documentar inconsistencias en la contratación.
Posteriormente, en enero de 2024, se ejecutó una orden de aprehensión contra la exalcaldesa, iniciando formalmente el proceso penal que ahora continúa vigente tras la reciente resolución judicial.
¿Qué sigue en el proceso?
Con la ratificación de la vinculación, el caso se mantiene activo y avanzará en su etapa correspondiente, en la que se buscará esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Las autoridades indicaron que el procedimiento se desarrolla bajo principios de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia, mientras se analiza el posible impacto al patrimonio público.
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