La presión de Estados Unidos sobre México en materia de seguridad y combate al narcotráfico podría intensificarse nuevamente esta semana con la visita de dos funcionarios cercanos al expresidente Donald Trump.
Se trata de Sara Carter, directora de la Oficina Nacional de Control de Drogas, y Mark Wayne Mullin, vinculado a temas de seguridad nacional, quienes arribarían al país para sostener reuniones relacionadas con el combate a organizaciones criminales y el tema del llamado narcoterrorismo.
La visita ocurre en un contexto marcado por las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra presuntos actores políticos mexicanos relacionados con redes del crimen organizado.
Extradiciones y narcopolítica vuelven al centro del debate
Uno de los temas que mantiene mayor atención es el relacionado con las solicitudes de extradición contra personajes políticos señalados en investigaciones estadounidenses, entre ellos Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Insunza.
De acuerdo con versiones difundidas en medios y sectores políticos, no se descarta que durante esta visita se presenten nuevos señalamientos o solicitudes adicionales relacionadas con funcionarios y presuntos vínculos con grupos criminales.
La situación ha generado preocupación dentro del ámbito político mexicano debido al endurecimiento del discurso estadounidense en torno a la seguridad fronteriza y al tráfico de drogas.
Estados Unidos mantiene discurso firme contra los cárteles
En los últimos meses, funcionarios y legisladores estadounidenses han incrementado las críticas hacia la estrategia de seguridad implementada en México, señalando que los cárteles continúan operando con gran capacidad en distintas regiones del país.
Incluso, desde sectores cercanos a Donald Trump se ha insistido en que Washington actuará “con o sin México” para enfrentar a las organizaciones criminales, mensaje que ha provocado reacciones y debates sobre soberanía nacional y cooperación bilateral.
Gobierno mexicano enfrenta nueva etapa de presión internacional
La llegada de estos funcionarios representa un nuevo reto diplomático para el gobierno federal, particularmente en medio de las investigaciones que continúan desarrollándose en Estados Unidos sobre presuntos nexos entre actores políticos y estructuras criminales.
Además, el tema ocurre en paralelo a un ambiente de tensión política interna, donde continúan los cuestionamientos sobre corrupción, seguridad y el papel de distintas autoridades frente al avance del crimen organizado en varias regiones del país.
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