La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, volvió a ser tema de discusión pública luego de que resurgieran los señalamientos sobre las sanciones migratorias impuestas por Estados Unidos a funcionarios ligados a Morena.
De acuerdo con versiones retomadas en distintos espacios informativos, el primer golpe proveniente de la Casa Blanca contra figuras morenistas ocurrió en mayo de 2025, cuando autoridades migratorias estadounidenses retiraron la visa a una gobernadora en funciones, situación que habría marcado un precedente político para integrantes del partido oficialista.
Aunque ha transcurrido un año desde aquel episodio, el tema continúa generando incertidumbre entre actores políticos, especialmente por la posibilidad de nuevas medidas similares contra funcionarios mexicanos.
Durante distintas declaraciones públicas, políticos cercanos al movimiento señalaron que el tema migratorio se convirtió en un asunto delicado, debido al temor de que continúen las cancelaciones de visas por parte del gobierno estadounidense.
Tras aquel caso, varios gobernadores y alcaldes habrían reconocido en privado afectaciones similares, aunque posteriormente optaron por no profundizar públicamente sobre el tema. Además, autoridades estadounidenses no están obligadas a informar oficialmente a quiénes les retiran el documento migratorio, lo que ha alimentado especulaciones sobre el alcance de estas medidas.
El caso tomó mayor relevancia luego de que trascendiera que la Fiscalía General de la República abrió una investigación contra Carlos Torres Torres, entonces esposo de Marina del Pilar y exencargado de proyectos gubernamentales en Baja California.
Según los señalamientos difundidos, las investigaciones estarían relacionadas con presuntos delitos como narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y lavado de dinero. La mandataria estatal rechazó dichas versiones y aseguró en su momento que se trataba de acusaciones derivadas de denuncias anónimas sin pruebas.
También sostuvo que Torres Torres ya no era su esposo, mientras continuaban las versiones sobre posibles investigaciones adicionales por parte de autoridades estadounidenses.
En días recientes circularon rumores sobre una posible solicitud de licencia por parte de la gobernadora bajacaliforniana. Sin embargo, desde Mexicali, Marina del Pilar aseguró que su administración continúa trabajando con normalidad.
La mandataria afirmó que seguirá encabezando reuniones con legisladores, alcaldes y funcionarios de su estado, insistiendo en mantener la unidad política dentro de Morena.
El tema vuelve a colocar bajo los reflectores la relación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad, así como las consecuencias políticas que podrían derivarse de investigaciones transfronterizas relacionadas con presuntos vínculos criminales.
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