La condena de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada continúa generando repercusiones tanto en México como en Estados Unidos. Mientras autoridades mexicanas analizan la posibilidad de reclamar parte de los bienes asegurados al líder del Cártel de Sinaloa, también se mantienen las reacciones por los señalamientos realizados por funcionarios estadounidenses sobre el combate al narcotráfico y la corrupción.
De acuerdo con lo expuesto, la Fiscalía General de la República estudia las alternativas legales para acceder a una parte de los recursos que Estados Unidos decomisó al capo, cuyo monto asciende a 15 mil millones de dólares.
Tras la sentencia emitida en una corte estadounidense, surgió la posibilidad de que el Gobierno de México busque participar en los procedimientos relacionados con los bienes asegurados a Ismael “El Mayo” Zambada.
Como antecedente, se mencionan los procesos de extinción de dominio impulsados en el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, así como los litigios civiles relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mediante los cuales el Estado mexicano obtuvo resoluciones favorables para recuperar recursos.
Hasta ahora, las autoridades no han informado cuál sería el destino de los recursos en caso de concretarse una recuperación.
Otro de los temas que marcó la discusión fue el mensaje emitido por el administrador de la DEA, Terrance Cole, quien afirmó que la condena contra “El Mayo” Zambada representa solo el inicio de nuevas acciones contra organizaciones criminales y funcionarios presuntamente vinculados con ellas.
Las declaraciones provocaron respuestas desde el Gobierno de México, donde se cuestionó que la agencia estadounidense concentre sus esfuerzos en el país vecino y se señaló que Estados Unidos también enfrenta desafíos importantes en el combate al narcotráfico.
Mientras continúa el debate político, habitantes y representantes del sector empresarial de Sinaloa manifestaron su preocupación por los efectos que la violencia ha tenido en la entidad desde hace casi dos años.
Entre los principales problemas señalados destacan la pérdida de miles de empleos, el cierre de empresas, la disminución de la actividad económica y la percepción de inseguridad que prevalece entre la población.
Diversos empresarios sostuvieron que, pese al despliegue de fuerzas federales en la entidad, la situación no ha mostrado una mejoría significativa y aseguraron que la violencia sigue afectando el desarrollo económico y social del estado.
Representantes del sector productivo señalaron que la crisis de seguridad ha provocado el cierre de miles de negocios formales e informales, además de una importante pérdida de fuentes de empleo.
Asimismo, hicieron un llamado para fortalecer las estrategias que permitan recuperar las condiciones de seguridad y confianza, al considerar que la violencia continúa impactando la vida cotidiana y la actividad económica de Sinaloa.
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