La Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso de imputación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, a quien señala como presunto integrante de una red dedicada al huachicoleo fiscal y al contrabando de combustibles. La audiencia se llevó a cabo de manera virtual y forma parte de una investigación que, de acuerdo con las autoridades, se desarrolló durante más de un año.
Según la Fiscalía, Rufo Appel habría participado en un esquema de importación irregular de combustibles mediante el cual se declaraban volúmenes menores a los realmente introducidos al país, lo que habría generado un daño millonario a la Hacienda Pública.
La dependencia sostiene que las operaciones investigadas ocasionaron un presunto perjuicio superior a los 4 mil millones de pesos por la omisión en el pago de contribuciones derivadas de la importación de hidrocarburos.
El exmandatario estatal compareció de forma remota ante un juez, mediante una conexión entre un juzgado ubicado en el penal federal del Altiplano y las instalaciones de la Fiscalía. Durante la diligencia fueron presentados numerosos expedientes que forman parte de la carpeta de investigación.
Será la autoridad judicial la encargada de determinar si los elementos aportados por el Ministerio Público son suficientes para avanzar en el proceso penal.
De acuerdo con la FGR, la empresa vinculada con Rufo Appel habría reportado únicamente una fracción del combustible transportado desde Estados Unidos hacia México.
La investigación señala que, mientras en los documentos aduanales se declaraban alrededor de 10 mil litros por cada carro tanque ferroviario, la capacidad real alcanzaba hasta 110 mil litros, lo que habría permitido el ingreso irregular de hidrocarburos al territorio nacional.
Asimismo, se indicó que el combustible era descargado en vías ferroviarias de conexión para su posterior distribución.
Entre los aspectos mencionados durante la investigación destaca la presunta ausencia de revisiones aduaneras en el ingreso de grandes cargamentos de combustible, situación que también podría derivar en nuevas líneas de investigación para determinar si existieron omisiones por parte de funcionarios responsables de supervisar las operaciones fronterizas.
Las autoridades sostienen que el producto provenía de refinerías ubicadas en Texas y que posteriormente era distribuido principalmente en entidades como Coahuila, Durango y Zacatecas.
El caso expuesto por la Fiscalía se centra en un presunto esquema de huachicoleo fiscal, consistente en importar combustible declarando cantidades menores a las reales para reducir el pago de impuestos.
Paralelamente, el fenómeno del robo de hidrocarburos continúa siendo investigado por autoridades mexicanas y estadounidenses, debido a la participación de organizaciones criminales que sustraen combustibles de instalaciones nacionales para posteriormente comercializarlos mediante diversos mecanismos ilícitos.
Por ahora, corresponderá al Poder Judicial resolver la situación jurídica de Ernesto Rufo Appel y determinar si los datos de prueba presentados por la Fiscalía permiten continuar con el proceso penal en su contra.
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