Distribuidores de gas LP en distintas regiones del país han denunciado la existencia de extorsiones conocidas como “cobro de piso”, las cuales deben pagar para operar en determinadas zonas o municipios. Según testimonios del gremio, grupos delictivos exigen pagos semanales o afiliación a ciertos grupos para permitir el ingreso y la venta del producto.
Altos costos operativos y márgenes mínimos de ganancia
A los riesgos por inseguridad se suman las dificultades económicas derivadas del control de precios impuesto por el Gobierno Federal desde 2021. Vendedores indican que el precio público por litro de gas es de 10.64 pesos, mientras que el precio de compra es de aproximadamente 8.14 pesos, lo que reduce las ganancias a solo 1.30 pesos por litro, sin considerar sueldos, mantenimiento y alimentación.
Mercado ilícito y competencia desleal agravan la crisis
A este panorama se suma la presencia de un mercado ilegal que comercializa gas LP extraído de ductos, especialmente en estados como Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México. Además, los distribuidores formales señalan que la introducción del programa Gas Bienestar generó una competencia desleal, al operar con pérdidas y no cubrir siquiera el 0.01% de la demanda nacional.
Consecuencias económicas y cierre de empresas
Representantes del sector advierten que la falta de actualización en el margen de comercialización, junto con la presión fiscal y el impacto del mercado ilegal, ha llevado a la quiebra a decenas de pequeños distribuidores. Se reportan casos de personas que han tenido que vender sus pipas o abandonar la actividad, al no poder sostener sus operaciones.
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