El gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al acusarlo de presuntos vínculos con delitos relacionados con narcóticos; la petición fue enviada a México el 29 de abril de 2026 y turnada a instancias federales para su revisión, en medio de un proceso que, según autoridades mexicanas, aún carece de elementos probatorios suficientes, mientras el mandatario rechazó los señalamientos y aseguró que demostrará su inocencia.
¿Por qué Estados Unidos pide la extradición de Rocha Moya?
De acuerdo con información oficial, la solicitud fue presentada por autoridades estadounidenses bajo cargos relacionados con conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armamento.
La petición incluye a otros funcionarios y forma parte de una investigación más amplia que, según el Departamento de Justicia, busca sancionar redes de corrupción vinculadas al crimen organizado.
Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, tras una revisión inicial, los documentos enviados no contienen pruebas suficientes para acreditar responsabilidad penal de manera inmediata.
¿Cómo funciona la extradición en México?
En México, el proceso de extradición internacional está regulado por la Ley de Extradición Internacional y tratados bilaterales.
Para que proceda una solicitud, se deben cumplir varios requisitos:
- Existencia de pruebas suficientes que sustenten la acusación
- Que el delito también esté tipificado en México
- Que no se trate de delitos políticos
- Validación por parte de la Fiscalía General de la República
En este caso, la solicitud fue turnada a la FGR, que deberá analizar si existen elementos jurídicos para continuar con el procedimiento.
¿Qué sigue en el proceso legal?
El caso se encuentra en una fase inicial. Las autoridades mexicanas deberán determinar si la petición cumple con los requisitos legales para una detención provisional con fines de extradición.
De no acreditarse los elementos necesarios, el proceso podría no avanzar; en caso contrario, se iniciaría un procedimiento judicial en el que el implicado tendría derecho a defenderse.
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