El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue incluido en una acusación formal presentada en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armamento, lo que podría derivar en una cadena perpetua en caso de ser declarado culpable; el anuncio fue realizado el 29 de abril de 2026 en Nueva York por autoridades federales, como parte de una investigación que busca sancionar la presunta colaboración entre funcionarios y grupos delictivos.
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¿De qué acusan a Rubén Rocha Moya en Estados Unidos?
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer que el mandatario enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos, así como por posesión y conspiración para el uso de armas de alto poder y dispositivos destructivos.
De acuerdo con la acusación, estos delitos podrían alcanzar penas severas, incluyendo una condena mínima de 40 años de prisión o incluso cadena perpetua, dependiendo del resultado del proceso judicial.
Funcionarios señalados en la investigación
Además del gobernador, otras nueve personas vinculadas a su círculo político fueron incluidas en la acusación, entre ellos exfuncionarios y mandos relacionados con áreas de seguridad y administración pública.
Entre los nombres mencionados se encuentran perfiles con cargos en seguridad, finanzas y gobiernos municipales, lo que amplía el alcance de la investigación hacia distintos niveles de la estructura pública en Sinaloa.
Autoridades de Estados Unidos anuncian proceso
El fiscal Jay Clayton y el administrador de la Administración para el Control de Drogas, Terrance C. Cole, informaron que la acusación busca avanzar contra redes que facilitan el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Señalaron que el caso forma parte de una estrategia para combatir la corrupción vinculada al crimen organizado, con énfasis en la responsabilidad de servidores públicos.
¿Qué sigue en el proceso legal contra Rocha Moya?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que el proceso continuará conforme a su jurisdicción, mientras se desarrollan las etapas legales correspondientes.
Las autoridades no han detallado plazos específicos, pero confirmaron que las investigaciones siguen en curso y que las sanciones dependerán de la resolución judicial.
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