La acusación presentada por autoridades de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya plantea un escenario sin precedentes al señalar que el Cártel de Sinaloa habría intervenido en el proceso electoral de 2021 para favorecer su llegada al gobierno estatal.
De acuerdo con el documento, la organización criminal no solo habría respaldado su candidatura, sino que también habría operado para debilitar a sus adversarios políticos mediante intimidación, secuestros y acciones dirigidas a alterar el desarrollo de la jornada electoral.
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Señalan presunto pacto previo a la elección
Según la acusación, durante el periodo de campaña Rocha Moya habría sostenido reuniones con líderes del grupo criminal, entre ellos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
En estos encuentros, siempre de acuerdo con las autoridades estadounidenses, se habría acordado brindar apoyo político a cambio de que, una vez en el cargo, se facilitaran condiciones favorables para las actividades delictivas, incluyendo la colocación de funcionarios afines en posiciones clave.
El documento también señala que, previo a la elección, se habría entregado información sobre adversarios políticos para presuntamente intimidarlos y forzarlos a abandonar la contienda.
Durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021, se reportaron múltiples incidentes en distintos municipios de Sinaloa, entre ellos el secuestro de operadores políticos, agresiones físicas y la sustracción de urnas con votos, lo que generó un ambiente de tensión e incertidumbre.
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Entre los casos documentados, se encuentra el de varios actores políticos privados de la libertad horas antes de la elección, algunos de los cuales fueron liberados posteriormente con señales de violencia. Estas acciones, según la acusación, habrían tenido como objetivo influir en el resultado electoral.
Además, se reportó la presencia de grupos armados en inmediaciones de casillas, lo que habría inhibido la participación ciudadana en algunas zonas del estado.
La acusación también incluye a otros funcionarios, como Enrique Inzunza Cázarez, y autoridades locales, a quienes se les atribuye haber protegido operaciones ilícitas y facilitado el traslado de drogas hacia Estados Unidos a cambio de recursos económicos.
En respuesta, Rocha Moya ha rechazado de manera categórica los señalamientos, calificándolos como infundados y parte de un contexto político adverso.
Por su parte, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha indicado que cualquier proceso de extradición deberá sustentarse en pruebas sólidas, conforme a los tratados internacionales vigentes.
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