La Fiscalía General de la República informó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por el gobierno de Estados Unidos no contiene evidencias contundentes contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios señalados en el caso.
De manera paralela, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que la documentación recibida carece de elementos suficientes para sustentar una acción inmediata, por lo que será necesario un análisis más profundo conforme al marco legal mexicano.
Revisan viabilidad jurídica y abren investigación
El fiscal de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, indicó que la Fiscalía evaluará si existen condiciones legales para solicitar la detención provisional de los implicados con fines de extradición, al tiempo que se iniciará una carpeta de investigación para determinar si las acusaciones tienen fundamento.
Este procedimiento permitirá a las autoridades mexicanas verificar la validez de los señalamientos y contrastarlos con evidencia que cumpla con los estándares del sistema jurídico nacional.
En tanto, la Cancillería expresó su inconformidad por la forma en que se hicieron públicas las acusaciones, al considerar que este tipo de procesos deben manejarse bajo criterios de confidencialidad establecidos en acuerdos internacionales.
Como parte de esta postura, se anunció el envío de un extrañamiento diplomático a la representación estadounidense, con el objetivo de señalar posibles irregularidades en la difusión del caso.
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