El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, al señalar que habría participado en acuerdos para facilitar el envío de narcóticos a ese país; la acusación fue dada a conocer el 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sostiene que estos hechos ocurrieron en Sinaloa y otras zonas, durante años recientes, con el objetivo de mantener operaciones ilícitas y obtener beneficios políticos y económicos.
¿De qué acusa Estados Unidos a Rocha Moya?De acuerdo con la investigación, el mandatario estatal es uno de diez funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntamente participar en una red de colaboración con grupos delictivos.
Las autoridades estadounidenses aseguran que los implicados habrían conspirado para importar grandes cantidades de droga hacia su territorio, además de enfrentar cargos relacionados con posesión de armamento de alto poder.
Según el fiscal federal Jay Clayton, este tipo de organizaciones han operado durante años con apoyo de funcionarios que facilitan sus actividades.
¿Cuál sería la relación con el Cártel de Sinaloa?La acusación señala que Rocha Moya y otros involucrados habrían mantenido vínculos directos con una facción conocida como “Los Chapitos”, ligada al liderazgo de Joaquín Guzmán Loera.
De acuerdo con el documento, se les atribuye haber utilizado sus cargos para proteger las operaciones del grupo, permitiendo el tráfico de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.
También se menciona que, antes y después de asumir el cargo, el gobernador habría sostenido reuniones con integrantes del grupo, en las que se habrían establecido acuerdos para garantizar su operación.
Señalamientos sobre el proceso electoral y apoyo políticoEntre los puntos incluidos en la acusación, se indica que Rocha Moya habría llegado al cargo en 2021 con presunto respaldo de esta organización, mediante actos como intimidación a adversarios.
A cambio, según la versión de las autoridades estadounidenses, se habría comprometido a favorecer condiciones para el funcionamiento del grupo delictivo en la entidad.
¿Quiénes más están implicados en la acusación?El documento incluye a otros actores políticos y exfuncionarios, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como exmandos y figuras vinculadas a áreas de seguridad y administración pública.
Algunos de los señalados también enfrentan acusaciones adicionales, como participación en delitos relacionados con secuestro y homicidio, según el expediente.
Posibles consecuencias legalesEl Departamento de Justicia advierte que los cargos podrían derivar en penas severas, incluida la cadena perpetua, en caso de que se compruebe la responsabilidad de los acusados.
El proceso continúa en curso y dependerá de la evolución de las investigaciones, así como de los procedimientos legales entre ambos países.
