La Fiscalía de Distrito Zona Centro presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para solicitar la modificación de las medidas cautelares impuestas a Daniela Lizet L. C., acusada de provocar un accidente en el que murió una agente de las Fuerzas del Orden y otro elemento resultó lesionado.
El recurso fue presentado el pasado 25 de septiembre por el Departamento Jurídico de la Fiscalía, luego de que un juez de control determinara que no era procedente imponer prisión preventiva a la imputada.
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Fiscalía busca prisión preventiva para mujer vinculada a proceso
Daniela Lizet L. C. fue vinculada a proceso el 23 de septiembre por los delitos de homicidio imprudencial agravado, lesiones imprudenciales agravadas y daños imprudenciales, derivados del accidente ocurrido el 19 de septiembre sobre la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc.
De acuerdo con la investigación, la mujer conducía su vehículo cuando impactó contra una unidad de las Fuerzas del Orden que se encontraba atendiendo un accidente carretero y posteriormente arrolló a dos elementos.
Como consecuencia del impacto, falleció la agente María Luisa D. J., mientras que su compañero, Juan Alberto C. C., resultó lesionado. La imputada fue detenida en flagrancia y puesta a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.
En el lugar de los hechos se realizó una prueba de alcoholemia, cuyo resultado se ubicó por encima del límite legal. Durante la audiencia, la defensa solicitó que dicha prueba no fuera validada, petición que no fue aceptada por el juez de control.
La causa penal corresponde al número 2681/2026. Durante la audiencia inicial, realizada el 22 de septiembre, se calificó como legal la detención y posteriormente se formularon los cargos que derivaron en la vinculación a proceso.
Cambiaran medidas contra conductora
Entre las medidas cautelares impuestas se encuentran la firma quincenal ante el Instituto de Servicios Previos al Juicio, la prohibición de salir del estado, la entrega de su visa y la restricción para acercarse a las víctimas.
Además, se estableció una garantía de 250 mil pesos para la reparación del daño y un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Con la apelación, la Fiscalía busca que estas medidas sean modificadas y que se imponga prisión preventiva, argumentando la necesidad de garantizar la reparación del daño patrimonial, físico y moral a las víctimas.
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