La violencia generada por grupos delictivos continúa provocando desplazamientos forzados en distintas regiones de Guerrero, donde familias enteras han tenido que abandonar sus viviendas para buscar refugio ante el temor de nuevos ataques.
Mientras Donald Trump ha señalado a organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas, en México continúan operando decenas de células delictivas que mantienen disputas territoriales en distintos estados.
En Guerrero, al menos diez grupos criminales se disputan distintas zonas del estado, de acuerdo con los señalamientos difundidos.
Entre ellos se menciona a Los Ardillos, organización señalada por habitantes como responsable de ataques y desplazamientos en comunidades de la montaña de Guerrero.
La situación de violencia obligó a numerosas personas a dejar atrás viviendas, animales y pertenencias para resguardarse en otros sitios.
Familias completas llegaron durante la madrugada a distintos puntos buscando refugio y protección ante el avance de los grupos armados.
Habitantes señalaron que viven con miedo debido a los enfrentamientos y ataques registrados en la región.
A través de videos difundidos en redes sociales, algunas madres y habitantes realizaron llamados de auxilio dirigidos al presidente estadounidense Donald Trump.
En los mensajes solicitaron apoyo y denunciaron que las comunidades permanecen rodeadas por grupos criminales, además de señalar ataques e incendios de viviendas.
Las personas afectadas también manifestaron sentirse abandonadas por las autoridades mexicanas.
La llegada de familias desplazadas volvió a poner atención sobre la situación humanitaria que persiste en distintas regiones de Guerrero debido a la violencia.
Habitantes cuestionaron la respuesta de las autoridades y señalaron que muchas comunidades continúan enfrentando condiciones de inseguridad y falta de apoyo.
La situación ocurre mientras continúan discusiones sobre seguridad, presencia del crimen organizado y estrategias gubernamentales para atender la violencia en diversas regiones del país.
También surgieron críticas relacionadas con la atención de las autoridades frente a las necesidades de comunidades afectadas por desplazamiento forzado.
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