La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo este jueves 2 de julio la vinculación a proceso de un hombre identificado como Antonio R. G., acusado del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria agravada en perjuicio de su hijo de 15 años. La resolución fue emitida por un juez en la ciudad de Chihuahua, luego de que el Ministerio Público presentara datos de prueba que apuntan a que el imputado habría dejado de cubrir la pensión alimentaria durante un periodo de 11 años y tres meses, motivo por el que continuará enfrentando el proceso penal.
¿Por qué fue vinculado a proceso por incumplimiento de pensión alimentaria?
De acuerdo con la investigación presentada durante la audiencia, el caso está relacionado con el presunto incumplimiento del pago de la pensión alimentaria a favor de un menor de edad.
El Ministerio Público expuso ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos diversos datos de prueba con los que buscó acreditar la probable responsabilidad del imputado por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria agravada.
Fiscalía señala más de 11 años sin cubrir la manutención
Las indagatorias establecen que el imputado presuntamente dejó de realizar los pagos correspondientes a la manutención de su hijo desde el 18 de marzo de 2015 y hasta el 2 de julio de 2026.
Según la carpeta de investigación, este periodo comprende 11 años con tres meses sin cumplir con la obligación alimentaria, situación que dio origen al proceso penal.
Juez fija plazo para continuar con la investigación
Tras analizar los elementos expuestos por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso al acusado y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Durante ese tiempo, las partes podrán incorporar nuevos datos de prueba antes de que el procedimiento avance a la siguiente etapa procesal.
¿Qué implica el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria?
El incumplimiento de la obligación alimentaria constituye un delito cuando una persona deja de proporcionar los recursos necesarios para la manutención de sus hijas o hijos, en los casos establecidos por la ley.
Las autoridades señalaron que este tipo de investigaciones buscan proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos indispensables para su desarrollo, mientras el proceso judicial continúa conforme a la legislación vigente.
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