La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), a través de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de tres personas señaladas como presuntas responsables del delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de dos víctimas de origen hondureño.
De acuerdo con la investigación ministerial, las víctimas permanecieron privadas de la libertad durante aproximadamente 12 días, tiempo en el que los imputados exigieron cantidades de dinero a sus familiares a cambio de no causarles daño y permitir su liberación.
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Prisión preventiva para tres imputados por secuestro de migrantes
Por estos hechos ocurridos en la ciudad de Chihuahua, fueron detenidos Óscar Amador A. H., Bryan Jairel T. N. y Jazmín Iveth J. P., a quienes se les cumplimentaron órdenes de aprehensión emitidas por un Juez de Control, luego de que se analizaran los resultados de las labores de inteligencia e investigación realizadas por la Fiscalía.
La detención de los presuntos responsables se llevó a cabo el pasado 13 de diciembre. Posteriormente, fueron presentados ante un juez en la audiencia de formulación de imputación, correspondiente al Distrito Judicial Morelos, donde se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la cual permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso penal.
El 18 de diciembre se celebró la continuación de la audiencia, en la que el Juez de Control resolvió dictar el auto de vinculación a proceso en contra de los tres imputados, al considerar que existían datos de prueba suficientes para establecer su probable participación en el delito de secuestro agravado.
Según lo expuesto por la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, los imputados, en compañía de otros sujetos, privaron de la libertad a las víctimas —cuya identidad se mantiene bajo reserva— con la finalidad de obtener un beneficio económico. Durante el cautiverio, exigían pagos en dólares a los familiares de las víctimas, bajo amenazas constantes.
El 9 de diciembre, las personas privadas de la libertad lograron escapar del lugar donde se encontraban retenidas y solicitaron auxilio a las autoridades, lo que permitió el avance de las investigaciones.
Debido a que las víctimas son personas en movilidad, es decir, migrantes, durante la audiencia de vinculación se realizó la prueba anticipada, un mecanismo excepcional que permite el desahogo de medios probatorios ante el riesgo fundado para las víctimas. El juez otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
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