Tribuna y periodista Jorge González denuncian censura judicial previa al informe de Laida Sansores

A días del cuarto informe de gobierno de la mandataria estatal Laida Sansores, el portal digital Tribuna y el periodista Jorge González fueron notificados de una medida judicial que les prohíbe realizar comentarios sobre dicho acto gubernamental. De acuerdo con el comunicador, esta acción busca restringir críticas y opiniones contrarias a la administración actual.

“El objetivo del recurso legal es evitar que se publiquen comentarios relacionados con el informe”, denunció González, quien también es columnista. La medida fue solicitada con 48 horas de antelación al evento oficial.

La medida impuesta no solo limita los comentarios públicos, sino que exige al medio de comunicación la entrega de los datos del encargado de las publicaciones en redes sociales. También se solicita información sobre otros reporteros o comentaristas vinculados con el medio, lo que ha sido interpretado como una acción que compromete su seguridad.

“Proporcionar nombres representa un riesgo. El gobierno cuenta con los recursos para actuar en contra de cualquier ciudadano que perciba como adversario”, advirtió Jorge González.

González también acusó a la gobernadora Sansores de encubrir este intento de censura bajo el argumento de una supuesta violencia política de género. Señaló que la administración estatal presentó la medida como un logro durante el propio informe, con declaraciones que descalifican a quienes critican al gobierno.

Durante su discurso, Laida Sansores afirmó: “Hay pseudo periodistas que confunden la libertad de expresión con la libertad de agresión”. Estas palabras fueron interpretadas como un intento de desacreditar a quienes han cuestionado su gestión desde medios independientes.

Ante la situación, el portal Tribuna y su equipo legal se preparan para impugnar la medida, al considerar que representa un acto de censura incompatible con el derecho a la libertad de expresión. En Campeche, esta situación ha desatado preocupación entre sectores periodísticos y defensores de derechos humanos.

Por ahora, el caso continúa su curso en instancias judiciales, mientras el debate sobre los límites entre crítica y agresión se posiciona en el centro del panorama mediático local.

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