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Señalan a Jorge Enrique Albert Ponce como operador clave en redes de corrupción y crimen organizado

Vinculado a la Estafa Maestra y al fraude en Segalmex, su nombre reaparece ligado al huachicol y tráfico de armas.

Jorge Enrique Albert Ponce, identificado también con el alias de “El George”, ha sido señalado por su presunta participación en algunos de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años en México. De acuerdo con los señalamientos, su historial lo vincula tanto a la llamada Estafa Maestra como al desfalco en Segalmex, además de aparecer relacionado con una red criminal dedicada al contrabando de combustible y tráfico de armas.

Vínculos con la Estafa Maestra

Según la información expuesta, Albert Ponce fue propietario de la empresa fachada Accurgen, la cual habría sido utilizada durante la Estafa Maestra, esquema en el que dependencias federales y universidades desviaron más de 7 mil millones de pesos. A través de dicha empresa, se habrían recibido alrededor de 2 millones de pesos por supuestos servicios de limpieza que no se realizaron.

Contratos y desfalco en Segalmex

En el año 2020, la misma empresa obtuvo contratos con Segalmex, formando parte del desfalco millonario mediante la simulación de servicios. Se señala que Accurgen ganó varios contratos por cerca de 10 millones de pesos para realizar labores de limpieza y fumigación en instalaciones de Segalmex, pese a que desde 2018 ya había sido observada por la Auditoría Superior de la Federación.

La empresa Accurgen se encuentra registrada en un inmueble ubicado en el número 350 de la calle Céneca, en la colonia Blanco, propiedad del hijastro de Manuel Bartlett, extitular de la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo con la información presentada.

Relación con red criminal

Con el paso del tiempo, Albert Ponce habría escalado dentro de una red criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú, según consta en expedientes de la Fiscalía General de la República. En esta estructura, se le atribuye la administración de empresas de seguridad utilizadas para el tráfico de armas, así como la responsabilidad del contrabando de combustible en la frontera sur del país.

A través de la empresa Seixa, dedicada a servicios especializados de investigación y custodia, se indica que obtuvo contratos de hasta medio millón de pesos para la vigilancia de instalaciones tanto de la Fiscalía General de la República como de la Comisión Federal de Electricidad.

Impunidad y escalamiento delictivo

El caso es presentado como un ejemplo de la impunidad con la que operan redes criminales en México, al señalarse que Albert Ponce pasó de recibir recursos mediante esquemas de corrupción administrativa a participar en delitos de mayor gravedad como el tráfico de armas y combustible.

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