La solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, modificó su situación jurídica, ya que al dejar el cargo pierde la inmunidad procesal, lo que abre la posibilidad de que enfrente acciones legales; así lo explicó el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien señaló que esta condición aplica desde el momento en que deja de ejercer funciones, en medio de señalamientos y una investigación en curso.
¿Qué es el fuero o inmunidad procesal en México?
De acuerdo con Arturo Zaldívar, el término correcto es inmunidad procesal, una figura que protege a ciertos servidores públicos mientras están en funciones.
Este mecanismo, establecido en la Constitución, busca evitar procesos penales durante el ejercicio del cargo, salvo que exista una declaratoria formal para retirarla. Es decir, la protección está ligada al puesto y no a la persona.
¿Por qué Rocha Moya pierde el fuero al pedir licencia?
El exministro explicó que al solicitar licencia, el funcionario deja de ejercer sus funciones, por lo que automáticamente pierde la protección legal asociada al cargo.
En ese sentido, subrayó que existen criterios dentro del Poder Judicial que respaldan esta interpretación: la inmunidad desaparece cuando se abandona el ejercicio del puesto público.
Implicaciones legales tras la pérdida de inmunidad
La situación cobra relevancia debido a las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos, relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas.
Con la pérdida de inmunidad, las autoridades podrían proceder legalmente sin necesidad de un proceso de desafuero, lo que modifica el escenario jurídico del caso.
Otros funcionarios en condición similar
Este análisis también aplica para otros servidores públicos que han solicitado licencia en el mismo contexto, como Juan de Dios Gámez Mendívil.
Tras sus salidas, ambos cargos fueron ocupados por figuras interinas, lo que permite la continuidad administrativa mientras avanzan las investigaciones.
Investigaciones en curso y posible extradición
El caso se desarrolla en paralelo a una acusación formal en una corte del sur de Nueva York, donde se solicitaron acciones legales que incluyen la posible detención y extradición de los implicados.
En México, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas indagatorias que podrían derivar en procesos judiciales en el país.
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