A 61 días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención y extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y de otros ocho funcionarios y exfuncionarios relacionados con ese caso, un nuevo reporte periodístico ha reavivado la discusión sobre las investigaciones que mantienen autoridades estadounidenses.
En esta ocasión, un reportaje publicado por The New York Times asegura que diversos políticos de Morena habrían sostenido acercamientos con funcionarios de Estados Unidos para ofrecer información relacionada con presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos.
De acuerdo con la publicación, al menos 12 políticos morenistas, entre ellos presuntos gobernadores y legisladores, habrían buscado contacto con autoridades de Estados Unidos para colaborar en investigaciones relacionadas con el funcionamiento de los cárteles mexicanos y sus posibles nexos con integrantes de la clase política.
Según el medio estadounidense, estas reuniones se habrían realizado de manera discreta y tendrían como propósito aportar información a cambio de beneficios dentro de las investigaciones.
El reportaje también vuelve a poner sobre la mesa publicaciones previas de medios estadounidenses, entre ellas una del Los Angeles Times, que señaló que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, presuntamente colaboraban con autoridades de Estados Unidos.
En ese mismo contexto, la publicación hace referencia a los audios difundidos recientemente sobre conversaciones relacionadas con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y contactos con autoridades estadounidenses durante gestiones relacionadas con la revocación de su visa.
Tanto Américo Villarreal, Alfonso Durazo y Marina del Pilar Ávila han rechazado públicamente las versiones difundidas por distintos medios y han sostenido que no colaboran con autoridades extranjeras en los términos señalados por las publicaciones.
En el caso de la mandataria de Baja California, ha reiterado que la contratación de un abogado en Estados Unidos está relacionada exclusivamente con el proceso para atender la cancelación de su visa.
El reportaje también retoma declaraciones atribuidas a la jueza estadounidense Catherine Polk durante una audiencia relacionada con el caso del general Mérida, en las que señaló que existen múltiples personas investigadas y que los acusados “llegarán por oleadas”, una expresión que ha sido interpretada como referencia a la posible evolución de ese proceso judicial.
Hasta el momento, las publicaciones citadas corresponden a reportes periodísticos y las personas mencionadas han negado las acusaciones o los señalamientos que les atribuyen dichos medios.
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