Una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) documenta la operación de un esquema de contrabando de combustible que habría ingresado hidrocarburos desde Estados Unidos hacia puertos de Tamaulipas. El caso involucra a empresarios y a funcionarios relacionados con tareas navales y aduanales, según el análisis ministerial.
Operaciones en Altamira y presunto uso de infraestructura portuaria
La investigación detalla movimientos irregulares en el puerto de Altamira, donde habrían arribado embarcaciones con combustible de origen ilícito. De acuerdo con los registros, el grupo investigado utilizó instalaciones y vehículos de transporte para movilizar hidrocarburo hacia propiedades privadas en otros estados, incluyendo un predio ubicado en Querétaro.
Negociaciones y seguimiento a embarques
Una grabación fechada el 13 de enero expone conversaciones en las que se mencionan acuerdos para la compra de grandes volúmenes de combustible y presuntos vínculos con personal de la Marina y de la autoridad portuaria. La FGR considera esta evidencia como una pieza clave para entender la logística y las conexiones institucionales que permitieron la operación.
Funcionarios bajo la lupa en Altamira y Tampico
El periodo investigado coincide con la gestión de mandos que, según la FGR, tuvieron participación en la operación de buques que arribaron con hidrocarburo ilegal. La fiscalía señala que más de 30 embarcaciones habrían ingresado a los puertos de Altamira y Tampico en condiciones irregulares, lo que amplía el alcance de la indagatoria.
Revisión de concesiones y movimientos en Tampico
Las autoridades también analizan el uso del recinto fiscal conocido como 289, en Tampico, donde ingresaron grandes cantidades de hidrocarburo. El sitio fue concesionado en 2020 a un empresario vinculado públicamente con actores políticos de Tabasco y que obtuvo permisos para operar infraestructura portuaria durante el mismo periodo.
Implicaciones políticas y líneas de investigación activas
La FGR continúa revisando conexiones empresariales y políticas relacionadas con los movimientos de combustible. Las autoridades sostienen que la red habría aprovechado concesiones, permisos y contactos para facilitar sus operaciones. El caso podría derivar en nuevas acciones penales conforme avance el análisis de la documentación.
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