La reciente compra de vehículos blindados de alta gama para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a colocar al Poder Judicial en el centro de la discusión pública sobre el uso de recursos y la congruencia con los principios de austeridad.
De acuerdo con la información difundida, el gasto destinado a la adquisición de nueve camionetas de lujo blindadas ascendió a cerca de 20 millones de pesos. Aunque posteriormente se informó que los vehículos no serían utilizados, el recurso ya había sido ejercido.
Decisión de no usar las unidades
Tras la polémica generada, los ministros anunciaron que se tomó la determinación de no emplear los vehículos adquiridos y de iniciar un proceso de revisión para su desincorporación o posible reasignación a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos o amenazas durante el ejercicio de sus funciones.
Las camionetas habían sido contempladas para uso individual de cada uno de los nueve ministros. Dentro del proceso de adquisición, se informó que tres integrantes del Comité de Gobierno participaron en la selección de marca, modelo, características y precio.
Quiénes autorizaron la compra
Los ministros Hugo Aguilar, Lenia Batres y Giovanni Figueroa integran el Comité de Gobierno encargado de autorizar este tipo de adquisiciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El tema generó críticas debido a que, al inicio de su gestión, el Poder Judicial había reiterado públicamente su compromiso con un modelo de trabajo austero, bajo el argumento de que no puede existir justicia acompañada de privilegios.
Otros gastos bajo la lupa
A la controversia por los vehículos se sumó el conocimiento de que una ceremonia realizada al inicio de labores tuvo un costo superior al millón de pesos, lo que incrementó los señalamientos sobre el manejo presupuestal.
Durante las explicaciones ofrecidas, algunos ministros intentaron justificar la compra argumentando que en administraciones anteriores los vehículos se rentaban, lo que —según señalaron— representaba un gasto mayor.
Cruce de señalamientos internos
En medio de los cuestionamientos, también se mencionó que ministros salientes habrían conservado vehículos oficiales como parte de su haber de retiro. No obstante, el ministro presidente aclaró posteriormente que dichas acciones se encontraban normadas y que no existió irregularidad ni apropiación indebida.
Destino incierto de los vehículos
Hasta el momento, no se ha informado con precisión cuál será el destino final de las nueve camionetas blindadas, las cuales ya fueron pagadas con recursos públicos.
Estos vehículos forman parte de un lote mayor de 571 unidades adquiridas para el Poder Judicial, cuyo costo global asciende a aproximadamente 252 millones de pesos, cifra que mantiene abierto el debate sobre el ejercicio del presupuesto y la austeridad institucional.
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