Representantes de la oposición afirmaron que el gobierno federal ha utilizado distintas medidas para restringir la difusión de información relacionada con presuntos casos de corrupción, vínculos con la delincuencia organizada y otros asuntos de interés público. Entre los mecanismos señalados se encuentran la clasificación de documentos oficiales, presuntas presiones a medios de comunicación y los lineamientos sobre derechos de las audiencias, los cuales, aseguran, buscan limitar la libertad de expresión.
Asimismo, sostuvieron que la reserva de información pública ha dificultado el acceso ciudadano a expedientes e investigaciones sobre diversos proyectos y decisiones gubernamentales.
Entre los casos mencionados por la oposición se encuentran los relacionados con el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas, el caso Segalmex, la investigación del Tren Interoceánico y la autopsia de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, además de otros expedientes considerados de interés público.
También señalaron que el gobierno clasificó por cinco años la información relacionada con las investigaciones sobre presuntos vínculos entre el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con los señalamientos expuestos en el reportaje.
Durante el reportaje, un especialista indicó que, en distintos casos, la información fue clasificada bajo argumentos de seguridad nacional, lo que, desde su perspectiva, representa un obstáculo para la transparencia.
Además, consideró que, además de la decisión política de reservar información, existen problemas administrativos dentro de las instituciones públicas para generar y entregar la documentación solicitada.
El reportaje también hace referencia a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), al señalar que esta situación podría dificultar el acceso de los ciudadanos a información pública.
Finalmente, el especialista consideró que una parte importante de la estrategia de comunicación gubernamental consiste en presentar información mediante conferencias de prensa oficiales, mientras diversos expedientes permanecen clasificados por periodos de hasta cinco años.
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