El estado de Sinaloa atraviesa una etapa marcada por la inseguridad, la violencia y un impacto directo en su actividad económica. Desde 2021, cuando Rubén Rocha Moya asumió el cargo, diversos hechos han modificado el panorama de la entidad, generando preocupación entre ciudadanos y sectores productivos.
En contraste con años anteriores, el clima actual está definido por una persistente ola de violencia y una percepción de inseguridad que ha ido en aumento. Este contexto ha repercutido no solo en la vida cotidiana, sino también en la estabilidad económica del estado.
Uno de los episodios más significativos ocurrió el 5 de enero de 2023, durante el llamado Culiacanazo de 2023. En ese momento, fue capturado Ovidio Guzmán, lo que desató una serie de enfrentamientos en distintas zonas del estado.
De acuerdo con reportes oficiales, los hechos dejaron al menos seis personas sin vida, entre ellas un mando militar proveniente de Nayarit y elementos del Ejército Mexicano. La jornada evidenció la capacidad de reacción de grupos delictivos y el nivel de riesgo en la región.
El 25 de julio de 2024 se registró otro evento clave: la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, tras ser presuntamente traicionado por facciones internas del grupo criminal.
A partir del 8 de septiembre de ese mismo año, se intensificó una confrontación entre grupos rivales conocidos como “Los Mayitos” y “Los Chapitos”, ambos vinculados al Cártel de Sinaloa. Esta disputa ha derivado en enfrentamientos constantes por el control territorial.
La violencia ha tenido consecuencias directas en la economía local. Cámaras empresariales reportan que, desde septiembre de 2024, alrededor de 5 mil micro, pequeñas y medianas empresas han cerrado sus puertas, afectadas por el entorno de inseguridad.
Este fenómeno ha debilitado el tejido económico y reducido las oportunidades para diversos sectores, en una entidad que anteriormente era considerada un referente de crecimiento regional.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reflejan un incremento significativo en la percepción de inseguridad. Entre abril de 2024 y la actualidad, el porcentaje de ciudadanos que afirma vivir con miedo pasó del 45% al 85%.
Este indicador confirma el deterioro en la confianza social y evidencia el impacto que la violencia ha tenido en la vida diaria de la población.
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