El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa volvió a colocar al mandatario en el centro de la discusión política, particularmente después de los señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios corruptos.
La controversia aumentó luego de que autoridades estadounidenses señalaran al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista y advirtieran que este tipo de estructuras no podría operar sin algún nivel de complicidad por parte de funcionarios corruptos, aunque no se mencionaron nombres específicos.
Después de más de tres meses de licencia, Rocha Moya retomó sus funciones y afirmó que continuaría al frente de la administración estatal.
El gobernador defendió su regreso y aseguró que permanecería trabajando con firmeza y entrega, en medio de los cuestionamientos que han surgido en torno a las investigaciones relacionadas con su administración.
Su decisión provocó una inmediata reacción política, debido a que previamente se habían planteado cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo mientras avanzaban las indagatorias.
La Secretaría de Gobernación marcó distancia de la decisión del mandatario sinaloense y señaló que su regreso a la gubernatura fue una decisión personal.
Además, el Gobierno Federal rechazó la versión de que Rocha Moya estuviera libre de investigaciones por parte de las autoridades mexicanas.
De acuerdo con lo expuesto por la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República mantiene investigaciones relacionadas con el gobernador y otros servidores públicos, por lo que corresponderá a las instituciones determinar las responsabilidades que pudieran existir.
Las diferencias también se hicieron evidentes dentro de Morena. El coordinador de los diputados del partido, Ricardo Monreal, pidió públicamente al gobernador sinaloense reconsiderar su decisión y solicitar nuevamente licencia.
El legislador argumentó que esto permitiría a la Fiscalía General de la República continuar con las investigaciones relacionadas con diversos servidores públicos sin que el mandatario permaneciera directamente al frente del gobierno estatal.
La postura representó un nuevo golpe político para Rocha Moya, particularmente porque provino de uno de los principales integrantes de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.
A la postura de Monreal se sumaron los 23 gobernadores morenistas, quienes emitieron un posicionamiento en el que pidieron a Rocha Moya actuar con madurez y responsabilidad.
Los mandatarios señalaron que su regreso podría entrar en conflicto con principios que el propio partido establece para sus integrantes y advirtieron sobre los riesgos de generar divisiones o privilegiar decisiones personales.
Entre los firmantes se encuentra Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, quien anteriormente había expresado públicamente su respaldo personal a Rocha Moya.
La situación abrió un nuevo frente político para Morena, pues mientras algunos integrantes habían respaldado públicamente al gobernador sinaloense, posteriormente comenzaron a marcar distancia ante las investigaciones y los cuestionamientos provenientes de Estados Unidos.
La oposición, por su parte, ha planteado que el conflicto podría estar desviando la atención de otros escándalos políticos, particularmente de las controversias relacionadas con Andy López Beltrán y la cancelación de su visa estadounidense.
Por ahora, el futuro político de Rocha Moya permanece sujeto a las decisiones que adopten las autoridades mexicanas y a la evolución de las investigaciones en su contra.
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